Cruzar el ecuador de una legislatura siempre provoca una mezcla de confianza en el tiempo que aún queda para relanzar un mandato y el vértigo de que este sea insuficiente. Sobre todo cuando no depende de uno mismo y los tiempos los marcan otros. En una etapa en la que para los ayuntamientos Europa no lo es todo pero casi. Zaragoza y su equipo de Gobierno PP-Cs superan estos días la mitad de la legislatura en la que la pandemia del coronavirus lo ha devorado todo en todas las instituciones. Ahora, con la vacunación avanzando hacia una nueva normalidad que nadie se atreve a pronosticar y la lección aprendida del efecto demoledor sobre proyectos a planificar para el futuro, véase la nueva Romareda, la capital aragonesa lo fía todo a los ingresos procedentes de fuera.
Los planes del consistorio de aquí a 2023, antes de la próxima contienda electoral, fundamentalmente se apoyan en unos fondos europeos para la recuperación cuya gestión tampoco dependerá de la plaza del Pilar, sino del edificio Pignatelli y el Ejecutivo central. En ambos gobiernan partidos de otro color. Pero hay optimismo, aseguran fuentes de la planta noble del consistorio consultadas por este diario, por las relaciones con la DGA, sobre todo, aunque queden asuntos de calado por zanjar entre ellos en el marco de una bilateral que aún no ha cumplido los compromisos de la última.
Unidad, unidad y unidad. Esa es la imagen que buscan proyectar el PP y Cs en Zaragoza. Frente a los fantasmas de otras comunidades y ciudades, en el ayuntamiento ese es el bastión más fuerte al que agarrarse, mucho más que los equilibrios con una ultraderecha de Vox que ya se ha asumido que amaga pero nunca golpea.
Al menos no hace tanto daño como se podría esperar, porque ninguna de sus condiciones indispensables han hecho peligrar el presupuesto ni las ordenanzas fiscales en los últimos dos años, y no se espera que lo hagan en los dos siguientes. Ahora, con el aprobado para 2021 y los fondos europeos que caigan en la ciudad, incluso se podría decir que tienen una herramienta suficiente para capear una hipotética prórroga para 2022 o para 2023. A prueba de las habituales tensiones que surgen conforme se acerca una cita electoral.
Tensiones internas
Entre ellas, las tensiones internas de cada partido. En octubre se espera que el PP celebre su congreso regional que marcará futuros liderazgos. En las filas conservadoras, el papel de Azcón es incuestionable. Su labor en estos dos años y su papel protagonista en protestas a las puertas del Congreso contra el Gobierno central le han proyectado en Madrid y es un activo a cuidar. En Cs los tiempos son otros, no se espera ese debate sobre la candidatura de 2023 hasta pocos meses antes de las elecciones. En medio, el efecto que tengan los comicios en Andalucía en unos meses y casi rezar porque no haya un adelanto electoral a nivel nacional. El varapalo en la comunidad de Madrid aún escuece y temen que no sea algo puntual.
Pero esta semana Azcón ha podido constatar que su mensaje sobre que el Ejecutivo central deja tirados a los ayuntamientos se diluye con facilidad cuando para compensar la pérdida de ingresos en el transporte público el Ejecutivo central le concede a Zaragoza 23,17 millones de euros, 8 más de los que él mismo había reclamado. Conforme empiecen a llegar más fondos, su queja se reduce a que llegan tarde. Pero llegan, así que, en teoría, está menos abandonado a su suerte.
Pero lo realmente importantes son los fondos europeos para la recuperación, para los que tienen en cartera decenas de proyectos que alcanzan una cuantía global de unos 2.000 millones de euros. Sin embargo, la mayoría se encuentra en la fase de idea a la espera de redactar un proyecto definitivo porque confían en conocer la cuantía a percibir, ya que Zaragoza representa casi el 60% de la población de Aragón pero casi nadie pronostica que le vaya a corresponder el mismo porcentaje del dinero que se le conceda a Aragón, y el modelo de cofinanciación que se elija para llevarlos a término. Con todo, será difícil que el dinero llegue antes de 2022.
Para afrontar el segundo aspecto el consistorio necesita estar preparado, porque quizá esos fondos cubran un porcentaje muy inferior al esperado. Igual que con las ayudas a la hostelería, si prevén que sea del 80% y acaba siendo del 60%, las arcas municipales deben ser capaces de endeudarse para sacar adelante esas inversiones. Lo que sí tienen claro es que no se parecerá al Plan E del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2010 repartió dinero para afrontar inversiones de cualquier tipo.
La Romareda
Quizá por eso la remodelación de La Romareda ha desaparecido del horizonte de los dos próximos años. Como mucho se avanzará en Urbanismo pero conseguir una licitación de las obras antes de la cita con las urnas es hoy impensable. Por eso, entre los 50 acuerdos de Gobierno con Cs este es uno de los compromisos metidos en el cajón de promesas pendientes. Hace bien poco estaba en otro, en los de en ejecución. Pero dos años, en política, son un mundo.
Otro de los asuntos complicados a abordar en los próximos dos años estará en Contratación: el final de tres de los contratos más cuantiosos del ayuntamiento. La limpieza viaria y recogida de basuras, que suponen unos 750 millones de euros en diez años y cuya prórroga culmina en septiembre; el de Parques y Jardines, cerca de 80 en cuatro anualidades, aún por adjudicar, y sobre todo el del autobús urbano (ahora con huelga) en 2023, cerca de 1.000. Supone adjudicar más de 1.750 millones y sobre todo definir la mejora a futuro
