El Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) está tramitando ayudas de 420 euros mensuales hasta que cumplan 18 años para los huérfanos de las mujeres víctimas de asesinatos machistas en lo que va de año, Katia y Hasna, asesinadas en Zaragoza, el 23 de mayo, y, en Barbastro (Huesca), el 30 de junio, respectivamente.

Estos menores serán los primeros en percibir esta asistencia desde que en marzo del año pasado se aprobara el decreto que reguló las prestaciones económicas complementarias para víctimas de violencia, ha informado el Gobierno de Aragón en un comunicado. En el caso del hijo de Katia, la tramitación está muy avanzada, mientras que en el de los tres hijos de Hasna, se están dando los primeros pasos.

La directora del IAM, María Goikoetxea, ha hecho hincapié en que ayudar a los hijos de las mujeres asesinadas en su tránsito hasta la mayoría de edad es "una cuestión de justicia", puesto que también son víctimas directas de la violencia machista.

Aragón es una de las pocas comunidades autónomas que concede este tipo de ayudas, con fondos propios del IAM. Estas ayudas se aprobaron vía decreto en febrero de 2020 y tienen carácter finalista, es decir, deben destinarse exclusivamente a financiar los gastos derivados de la atención a las personas beneficiarias.

Tienen derecho a esta prestación los hijos menores de edad de las mujeres asesinadas por violencia de género que estuviesen empadronadas en Aragón o cuando el crimen se cometiera dentro de la comunidad. También los menores de edad que hubieran estado bajo la tutela o guarda de una mujer víctima mortal por causa de violencia de género en el momento de su fallecimiento.

El menor tiene derecho a percibir la totalidad de esta ayuda desde el momento en que la solicite hasta el año que alcance la mayoría de edad y en ningún caso podrá ser administrada por el autor o el inductor del crimen.

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Aragón dispone también de otras dos prestaciones para mujeres víctimas de distintas formas de violencia. Así, las víctimas de malos tratos, agresiones y acoso sexual, prostitución o mutilación genital femenina pueden recibir el equivalente a seis meses de subsidio de desempleo, ampliable a nueve si tiene algún hijo o familiar a su cargo, para facilitar la superación de su situación.

Por otro lado, las mujeres víctimas de violencia de género mayores de 65 años tienen otra prestación complementaria hasta que obtengan una pensión compensatoria derivada de su divorcio, dada su imposibilidad de acceder al mercado laboral o a la Renta Activa de Inserción.