El informe de la subdirección provincial de Urbanismo en Teruel, recordaron ayer fuentes del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del que depende, «no autoriza ni deniega» el macroparque eólico previsto en la comarca del Maestrazgo, tan solo «informa» de la situación urbanística de los suelos en los que se prevén instalar una veintena de parques de aerogeneradores.
Estas mismas fuentes señalaron que «el Consejo Provincial de Urbanismo emite un informe sobre las circunstancias urbanísticas de los municipios, no autoriza ni deniega, sino informa sobre la situación urbanística» de los terrenos en los que está prevista la instalación de los aerogeneradores. En este caso, el informe señala «determinadas zonas concretas que están protegidas por sus Planes Generales de Ordenación Urbanística» en los municipios de Cantavieja, Mosqueruela y La Iglesuela del Cid. Ahora, señalaron, es «competencia de los ayuntamientos» tomar las decisiones «que consideren más oportunas» para el desarrollo de los parques.
El informe, fechado el pasado 22 de julio, analiza pormenorizadamente los usos previstos para los suelos en los que se prevén instalar los aerogeneradores, y si estos son compatibles con su instalación.
Mientras, esta semana el presidente aragonés, Javier Lambán, anunció que los vecinos de municipios con parques eólicos o solares tendrán «bonificaciones en el recibo de la luz», tal y como prevé la nueva regulación de estas instalaciones en la que trabaja el Gobierno de Aragón. Una nueva normativa que prevé también fomentar el consumo de la energía producida dentro de Aragón. Así lo dijo el presidente autonómico este miércoles en Teruel, ante la contestación social y división que provoca el desarrollo de las energías renovables en la provincia por su posible impacto negativo tanto a nivel paisajístico como turístico.
El presidente autonómico se mostró comprensivo con las inquietudes que el desarrollo de las eólicas genera en el territorio, y avanzó que esa nueva norma atenderá a que las nuevas plantas «se ajusten lo máximo posible» a las necesidades y sensibilidades planteadas desde los distintos municipios.
Asimismo, la normativa aragonesa planteará que se pueden beneficiar de estas energías limpias las empresas ubicadas en la comunidad, así como reducir la factura de la luz a quienes vivan en estas localidades.
