La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, afirmó este lunes que está en conversaciones con los ayuntamientos afectados por la borrasca Gloria de enero de 2020 para conocer las necesidades que no han sido cubiertas todavía. Así lo dijo en un comparecencia en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes, a petición del PP para que informara sobre el grado de cumplimiento de la proposición no de ley sobre la adopción de líneas de ayudas públicas para reparar los daños provocados por dicho temporal de nieve aprobada por las Cortes.

Sin embargo, 20 meses después no han llegado y ni siquiera están cuantificadas, según le reprocharon los partidos de la derecha. «Entre la ayuda del Gobierno y los seguros lo tienen prácticamente cubierto, a ver si podemos destinar una pequeña partida», dijo la consejera, que anunció que el Consejo de Gobierno aprobará el próximo 29 de septiembre el anteproyecto de Ley de Emergencias.

Pérez reconoció la tardanza, que achacó en gran parte a la pronta llegada del covid tras la borrasca. Aunque Gloria obligó a un despliegue «sin precedentes», la magnitud de la crisis posterior «alteró absolutamente todo y muchas programaciones pasaron a un segundo plano». La estrategia del Gobierno para evitar errores pasados, según Pérez, fue esperar a que el Gobierno central publicara el Real Decreto para conocer «qué necesidades quedaban al descubierto y, en función de las necesidades, complementarlo desde el Ejecutivo autonómico.

La provincia de Teruel, con 4,1 millones de euros, recibirá la mayor parte de las ayudas del Gobierno central para los afectados en Aragón por esa borrasca. Del montante total de 66,3 millones, 5,5 irán destinados a Aragón, que se destinarán a la reparación de infraestructuras municipales o redes viarias provinciales. Son 89 proyectos en localidades de Teruel como Aguaviva, Valderrobres o Cantavieja; 50 en Huesca ; y 15 en Zaragoza.

Entre los partidos de la oposición, Mar Vaquero (PP) reprochó al Ejecutivo el incumplimiento del acuerdo parlamentario y la tardanza de más de un mes para empezar a trabajar en el Decreto Ley o que «20 meses después siguen sin convocar las ayudas»; Beatriz García, de Ciudadanos, dijo que es «desesperante y difícil de digerir para los afectados que 20 meses después no hayan recibido las ayudas»; y David Arranz (Vox) trasladó el malestar del medio rural, que se siente «abandonado», con ayudas insuficientes, y pidió «diligencia y mayor dedicación» del Gobierno de Aragón. H