La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declara la ilegalidad de las medidas del segundo confinamiento afectará a un total de 73.198 sanciones impuestas en la comunidad aragonesa entre julio de 2020 y septiembre de 2021, un periodo que incluye el segundo confinamiento domiciliario decretado por el Gobierno en octubre del año pasado.
Pero, según los expertos, la inconstitucionalidad solo se aplicará a las multas iniciadas pero no resueltas, que ya no se podrán cobrar y que suponen 43.968 expedientes, el 60% del total, por un montante aproximado de 3,7 millones de euros.
Esta es la cantidad que, supuestamente, dejaría de cobrar la Administración autonómica, obtenida al extrapolar los datos referentes a las sanciones abonadas en el mismo plazo temporal.
En cambio, resultará difícil que los ciudadanos multados recuperen las sanciones ya resueltas, que en el caso de Aragón ascienden a 22.544 y que han representado unos ingresos hasta la fecha de 1.922.853 euros para las arcas públicas, según datos de la Consejería de Sanidad.
La declaración de inconstitucionalidad no se aplicará automáticamente a todas las sanciones, explica el abogado zaragozano Guillermo Ros, del bufete Ros-Pelegay, que representa a ciudadanos que han recurrido las multas.
«La sentencia no es retroactiva, de forma que en las sanciones no recurridas o en las que ya sean firmes y estén pagadas es muy difícil que se produzca la devolución de los importes», señala.
Más de 106.000 actas
En cambio, el fallo del Constitucional sí beneficiará a los afectados que recurrieron y a los que no han recibido todavía una notificación y no han terminado la tramitación del expediente, que queda definitivamente suspendida, aclara el letrado. «Quienes recurrieron en su día pueden aprovecharse de la sentencia», subraya Ros, que señala que la inconstitucionalidad deriva del hecho de que la herramienta legal utilizada para limitar derechos fundamentales durante la fase de mayor gravedad de la pandemia, el estado de alarma, no era la adecuada.
«Debería haberse aplicado el estado de excepción y no se hizo», resume el abogado, que considera que la Administración ha aprendido sin duda de los problemas legales producidos durante la pandemia. «Esa experiencia servirá para que en el futuro no se caiga en los mismos errores, ya que para poder limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos hay que actuar con sumo cuidado desde el punto de vista legal», indica.
Entre los dos periodos de estricto confinamiento se han impuesto en Aragón 106.698 multas, pero su grado de tramitación es muy variado, así como los conceptos por los que se impusieron.
En el periodo más reciente, que incluye tramos de cierre total y parcial, se abrieron 30.641 actas por no llevar mascarilla, la infracción más habitual, seguida del incumplimiento del horario nocturno (15.176) o del confinamiento perimetral (9.839) y fumar en el exterior sin guardar la preceptiva distancia de seguridad, así como en terrazas (4.822).
El Gobierno de Aragón acata la decisión del tribunal
El Gobierno de Aragón ha mostrado su voluntad de atenerse a la situación legal creada tras la nueva sentencia del Constitucional, que por un lado podría suponer un quebranto para los ingresos obtenidos por la vía sancionadora y, por otro, cuestiona la labor de control policial durante la pandemia, al quedar sin amparo legal parte de las multas impuestas a los ciudadanos durante el tiempo que han durado las medidas excepcionales para evitar la propagación del covid-19.
Lo que preocupa en la actualidad a la Administración autonómica es la suma total de las multas que quizá sea preciso devolver. Pero la DGA ya ha anunciado que se atendrá a lo que marque el Constitucional. «Si hay que devolver las multas, las devolveremos», manifestó recientemente el propio jefe del Ejecutivo a preguntas de los medios de comunicación.
«No hay vuelta de hoja», añadió el presidente del Gobierno autonómico, que, no obstante, advirtió de que el camino que se abre ahora no va a ser fácil de transitar. «Si cuesta tanto devolverlas como cobrarlas, para días tienen los ciudadanos», comentó no sin cierta ironía.
De hecho, el tratamiento legal que recibirán las multas ya cobradas y las que están en distintas fases de la tramitación es el quid de la cuestión y los servicios jurídicos de la DGA estudian el articulado de la sentencia para saber a qué atenerse a este respecto.
Por otro lado, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ya adelantó que los servicios jurídicos de la DGA estudiarán la sentencia «para ver hasta qué punto afecta» a la comunidad. «Arbitraremos las medidas necesarias que diga el Estado y la herramienta para proceder a la devolución según la normativa», concretó.
La devolución parece una operación embrollada desde el punto de vista legal. Y además esta conclusión del pleito iniciado por la formación política Vox en contra de los confinamientos ha llevado el desánimo al seno de las fuerzas de la seguridad, que han sido las encargadas de aplicar la ley e imponer las sanciones, desde la Policía Nacional y la Local a la Guardia Civil.
Los sindicatos de los tres cuerpos, que han denunciado estos días un incremento de las agresiones a agentes durante la pandemia, ya han manifestado que las últimas decisiones de las más altas instancias judiciales minan el principio de autoridad al anular la validez de las sanciones impuestas desde que se decretó el estado de alarma. Los policías, mantienen estas asociaciones, sienten que su exposición y esfuerzo no ha merecido la pena.
