La crisis de suministros podría agudizarse en Aragón esta Navidad por el nuevo conflicto que ha estallado en las carreteras españolas. La mayor parte del sector en la comunidad apoya el paro nacional convocado para los días 20, 21 y 22 de diciembre por las principales organizaciones empresariales. El colectivo ha decidido tomar esta medida «por el abandono al que somete el Gobierno» a una actividad que resultó ser esencial durante los meses más duros de la pandemia. Las patronales referentes del territorio para pymes y grandes compañías, con la zaragozana Fetraz a la cabeza, han mostrado su respaldo a la movilización. Quien no ha dado por ahora su aval a la convocatoria es Tradime, la asociación mayoritaria entre las firmas más pequeñas y los transportistas autónomos.

No obstante, aún quedan casi 40 días para que se lleve a cabo la protesta, por lo que está por ver si se llega a producirse o acabará siendo desconvocada como ha ocurrido con otros llamamientos de este tipo en los últimos años. Cabe recordar que no se trataría de una huelga, ya que no ha sido promovida por los trabajadores, sino de un cierre o paro patronal, una medida de acción directa que consiste en la paralización total o parcial de las actividades.

Estas tres jornadas de reivindicación cuenta con el respaldo de la Federación de Empresas de Transporte (FET) de Aragón, que agrupa a las asociaciones provinciales de Zaragoza (Fetraz), Huesca y Teruel, que representa a un millar de pequeñas, medianas y grandes empresas con una flota cercana a los 5.000 vehículos y una plantilla de 7.000 trabajadores. Entre las compañías integradas en esta patronal se encuentra Sesé, Carreras y Marcotran, los tres grandes operadores de la comunidad, que lo son también a nivel nacional.

El anuncio de paro ha pillado un poco por sorpresa a los transportistas de a pie. «Hay un descontento evidente en el sector, pero no sabíamos que se iba a tomar esta decisión ya», afirmó Fernando Viñas, secretario general de FET Aragón y de Fetraz (Federación Empresas de Transporte de Mercancías de Zaragoza), quien consideró que la movilización es una manera de «expresar el descontento» ante una serie de problema «a los que no se da solución desde hace tiempo». «Es decir basta ya», aseveró.

Los impuestos y la escalada de los carburantes

A su juicio, el principal detonante de la convocatoria es la «amenaza» del Gobierno de España de introducir, por mando de Europa, algún sistema de pago por el uso de las carreteras. «El sector no está en condiciones asumir este coste. Ya lo pagamos con nuestros impuestos», defendió. Los combustibles, recordó, suponen en torno al 40% de los gastos de una empresa de transporte y las mitad de los precios por llenar el depósito corresponden a tributos, lo que tachó de «abusivo». Así se da la paradoja, apuntó, de que «cuanto más circulas, más tienes que pagar».

Viñas también urgió la aplicación obligatoria de la cláusula de revisión del coste del combustible, la falta áreas de descanso «dignas» o la prohibición de que los conductores realicen la carga y descarga de los camiones.

Por su parte, Tradime Aragón decidirá en una próxima reunión de su junta directiva si se suma al paro, aunque el sentir de la organización parece apuntar al no, como ya ocurrió la última convocatoria de este tipo. En caso de un pronunciamiento a favor, este deberá ser refrendado por la asamblea de socios. La asociación, que agrupa a más de 700 profesionales y 2.000 camiones, autónomos y pequeñas pymes, se salió además hace unos años del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), convocante de la protesta. «Estamos todos indignados porque hace ya 30 años que el sector tiene problemas y no se solucionan, pero hay mucha inconcreción en las demandas del paro y alguna va en contra de los autónomos», afirmó José Antonio Moliner, presidente de Tradime.