Alrededor de 500 investigadores en Aragón entre pre y posdoctorales (y unos 15.000 en toda España) se quedarán sin el derecho a cobrar una indemnización cuando su contrato termine si sigue adelante la futura ley de ciencia, de la que ya se conoce el borrador. Tanto el personal investigador en formación (predoctoral) como los que ya terminaron la tesis (posdoctoral) con contrato en vigor en estos momentos no podrán cobrar, como todo trabajador, los 12 días por año trabajado que sí podrán hacerlo los que firmen su trabajo a partir de la entrada en vigor de la norma.

Las malas condiciones laborales de los investigadores no son nuevas y, de hecho, la nueva ley de ciencia, aunque da un paso más que la de su predecesora, deja fuera a todas aquellas personas que «desarrollan su trabajo tanto en Ciencia básica como aplicada, con contratos mileuristas a pesar de que, para obtenerlos, existe una altísima competencia». En la 2011, cuenta Darío Badules, investigador predoctoral en Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza y ahora en Bélgica, no se hablaba de contrato sino de «beca», pero con estos contratos predoctorales, «sí teníamos derecho a una indemnización al igual que todo trabajador». Hubo una sentencia en Galicia que les reconocía el derecho a esa indemnización, aunque poco después el Tribunal Supremo lo denegó. Es por eso que desde el año 2020 y 2021 en la tramitación de Presupuestos del 2021 y del 2022, una decena de asociaciones de Personal Investigador en Formación de distintas universidades, entre ellas la de Zaragoza, presentaron una enmienda para que se incorporara a la nueva ley de ciencia ese derecho. El PP, el BNG y Más País dieron su visto bueno, pero PSOE y Podemos lo rechazaron.

Una campaña en change.org y concentraciones en toda España

Los afectados por si el anteproyecto de ley de ciencia sigue adelante están preparando protestas para que no llegue a buen termino. Por eso, desde la Coordinadora Marea Roja de la Investigación han habilitado una campaña en change.org titulada Indemnización por fin de contrato pre y posdoctoral para tod@s que va ya por las 5.339 firmas en dos días y se espera llegar hasta las 7.500. La fecha para plantear alegaciones termina mañana y desde las asociaciones implicadas han tenido contactos con diversos grupos políticos para que no den su visto bueno a esta «discriminación», señala Darío Badules. 

Pero si todo fracasa, y si no hay una rectificación en los próximos días, con motivo de la participación en la comisión de ciencia del Congreso de los Diputados de una de las organizaciones de afectados, FPU Investiga, el próximo 7 de febrero, se prepararán movilizaciones de forma coordinada en diferentes ciudades del país, como Madrid, Zaragoza, Galicia y Extremadura, entre otras. Badules es «optimista» y piensa que todavía se puede dar marcha atrás. Porque la indemnización por finalización de contrato es una reivindicación histórica, pero no la única, también la elaboración de un Estatuto del Personal de Investigación. 

En los próximos presupuestos sí que lo incorporan pero «solo para los que se incorporen en un futuro y no para los que ya estamos», señala Badules, que explica que el problema está en que la actual reforma laboral «limita y extingue la posibilidad de un contrato temporal y el nuestro lo es»; así que «no encajamos tampoco en las relaciones de carácter especial». Badules afirma que se quiere acabar con la «temporalidad en la empresa privada y en la pública» pero ellos también quedan fuera.

Además, cuenta que en ocasiones se ha reclamado el dinero a las Universidades y «esto tampoco interesa» porque ellas lo piden al Estado. También cree que a mucha gente dentro de la universidad «le cuesta asumir la profesión investigadora como profesión y nos sigue llamando becarios», denuncia.

Badules está actualmente en Bélgica y cuenta que los predoctorales están mucho mejor considerados que en España. «¿Quién encontrará la solución a los problemas de salud en un futuro?» se pregunta. «Los investigadores de hoy, porque los que entren a partir de ahora serán el relevo».

Las mejores condiciones para los investigadores se dan en el norte de Europa, pero en «Italia están peor que nosotros», cuenta. Por eso, siguen reclamando que la ley de ciencia pueda cambiarse y que «se rectifique» para que «no se olviden de los que hoy tenemos un contrato».