La guerra de Ucrania ha vuelto a protagonizar la sesión plenaria de las Cortes de Aragón celebrada este jueves, con las comparecencias de los consejeros de Hacienda, Carlos Pérez, y de Economía, Marta Gastón, para hacer balance del impacto de la crisis derivada del alza de precios en los combustibles y suministros, así como de las derivadas de la guerra, tanto en la sociedad aragonesa como en la propia administración autonómica.
La consejera de Economía y Empleo, Marta Gastón, ha dado cuenta de que los efectos de la guerra son «inmediatos» y ya se notan en Aragón. Confirmó que se está produciendo un nuevo goteo de expedientes de regulación temporal de empleo (ertes) como consecuencia de este escenario de incertidumbre.
En concreto, cinco empresas de Teruel han presentado en las últimas semanas ertes ante la Dirección General de Trabajo de la DGA, cuya aplicación en los días fijados en cada caso podría afectar a un máximo de 703 trabajadores y a otros 15 en forma de reducciones de jornada.
El erte más voluminoso es el planteado en la planta de Ronal Ibérica, que fabrica llantas de aluminio y emplea a 513 personas. El comité y la empresa siguen negociando las condiciones de esta medida de flexibilidad laboral, que será de carácter rotatorio y se aplicará hasta final de año desde el 4 de abril. Pero aún no se conoce el número exacto de jornadas que contemplará la suspensión de empleo, aunque lo habitual en el sector del automóvil es que sea de alrededor de 50.
Otras de las compañías turolenses que han optado por dotarse de la herramienta del erte son el fabricante cerámico Gres Aragón, que cuenta con 170 trabajadores en sus plantas de Alcañiz, Alcorisa y Onda; o Sarrimad, fabricante de contrachapado ubicado en Sarrión, de 60 empleados.
"Los efectos (de la guerra) son inmediatos, pero tenemos mecanismos para mitigar la situación, y nos felicitamos por contar con una herramienta como los ertes", reconoció Gastón, que recordó que las soluciones en este ámbito "trascienden" al Gobierno autonómico.
No obstante, anunció que se va a reeditar el Observatorio Económico que ya se puso en marcha durante la pandemia de coronavirus y con el desafío independentista en Cataluña. En esta reunión, que suma a los agentes sociales y a expertos de la Universidad de Zaragoza, se analizarán tres posibles escenarios tras la crisis (de mayor a menor gravedad) y sus tres posibles soluciones.
La titular de Economía analizó la situación ante la petición de comparecencia por parte de Ciudadanos. Su diputado, Javier Martínez, acusó al Gobierno autonómico de «caer en la complacencia». «Ante este escenario económico por la guerra de Ucrania, ningún gobierno, ni nacional ni autonómico, se puede permitir lo que vemos, pasividad», le reprochó.
Desde el PP, el portavoz de Economía, Javier Campoy, denunció que «el sectarismo de la izquierda les impide bajar impuestos». «¿Y qué dicen el PSOE y Podemos? Cada cosa a su debido tiempo, que una bajada del IVA no ayuda a los transportistas y un racimo de perlas más que son más propias de patio de colegio que de un Consejo de Ministras, Ministres y Ministros», les denunció.
La sesión plenaria fue monotemática durante toda la mañana sobre los impactos de la guerra. El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, incidió en que «es necesario trabajar desde la unidad y el consenso, con el Gobierno de España y con Europa».
Explicó que el Ejecutivo trabaja en un decreto al que se dará luz verde en el próximo Consejo de Gobierno y que incluirá medidas solicitadas por las empresas contratistas de obra pública para paliar los efectos del alza de los costes de construcción.
Se trata de crear un instrumento legal que permita hacer frente al incremento de precios y evitar así que se puedan lastrar los contratos. Eso sí, no concretó cuál será la fórmula de la compensación, ni qué cuantía puede necesitar el Ejecutivo para afrontarlo.
Además, el titular de Hacienda recordó que la DGA solicitó al Gobierno central un fondo específico frente a la crisis, un fondo de solvencia empresarial y la ampliación del listado de materiales y de los ámbitos de actuación que previó el Ejecutivo de Sánchez en un reciente decreto para paliar el impacto del alza de los costes.
La DGA paga 92€ el megavatio hora
El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, detalló ayer en las Cortes que la Administración autonómica tiene garantizados los suministros y tiene pactadas en sus contratos marco una serie de ventajas que ya constituyen, en sí mismas, un ahorro.
Como ejemplo, señaló Pérez Anadón, el contrato de energía eléctrica fija en 92 euros por megavatio hora (en lugar de los 240 euros de media actuales) hasta enero de 2023. En el caso del gas natural, los contratos se actualizan en cada trimestre.
