Sufrimos las consecuencias de la falta de puntos de avituallamiento para descansar y alimentarnos en carretera por el cierre de bares y restaurantes, nos jugamos la salud y la de nuestras familias y, a pesar de ello, quisimos dar la talla. Salimos a trabajar sin perjuicio alguno, con entereza y entusiasmo. Con el orgullo de pensar que éramos útiles a la población, en primer lugar, y, en segundo, en que contribuíamos al desarrollo de la economía de nuestro país. Así se nos reconoció, como «esenciales». No entendíamos por qué nos llamaban «héroes» cuando, simplemente, hacíamos nuestro trabajo por responsabilidad y por compromiso con la sociedad, como servicio público.
Ahora que parecía que el covid nos dejaba vivir o, mejor dicho, ahora que sabíamos convivir con el dichoso virus, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania era lo que faltaba por llegar. Una guerra injusta, cuyo afán de poder no lo hace la razón. Que destroza ciudades y lo más grave, vidas humanas. Que nadie entiende ni comprende como un desalmado puede actuar así. Y que, en lo económico, provoca una escalada de precios histórico en la energía y el combustible que afecta directamente a los sectores productivos del país, que sufre de forma inmediata los efectos de la inflación del coste energético. Así, en el ámbito de la logística y el transporte, el mayor impacto se produce en el coste del petróleo y en el gas natural.
El precio del combustible
Ante esta situación, el transporte queda asfixiado. El litro de combustible se ha acercado de una forma peligrosa a los dos euros en España. Precios en el gasoil desorbitados que obliga a transportistas autónomos y pymes a tener que repercutir esa subida en el precio del servicio, como mínimo un 10% para compensar esas pérdidas. Y a otros muchos, les obliga a parar ante la imposibilidad de repercutir el sobrecoste en sus clientes. Un paro en el que todos perdemos. Con el ánimo cada vez más crispado, encontrándonos con la cadena de suministros muy tensionada por la escasez de materias primas. Y con un Gobierno que sigue sin dar soluciones concretas, sin ofrecer medidas eficaces al transporte, ni de forma coyuntural. Con la alarma de sectores como el campo, la industria o incluso la construcción que ya han lanzado un SOS al Ejecutivo para que consiga frenar unas protestas que están causando pérdidas millonarias.
Y es que, en el caso del diésel, si ahora cuesta 1,859 euros el litro, el 49% que corresponde a los impuestos, éstos se reparten en 0,379 euros por litro del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) y 0,212 euros pertenecen al IVA. Por tanto, de los 1,859 euros, el Estado recauda 0,91 euros. Si quitamos la parte del impuesto de hidrocarburos en su tramo autonómico que supone 0,049 y que se devuelve al transporte profesional, la cifra es millonaria si nos imaginamos la recaudación total del Gobierno a través de impuestos a los carburantes.
Consecuencias
Hay que decir que desde Tradime Aragón, como medida de efecto inmediato, se ha solicitado al Gobierno de Aragón que la devolución parcial del impuesto especial sobre hidrocarburos, en su tramo autonómico sea con carácter mensual y no trimestral como hasta ahora. Es un gesto, toda ayuda es poca, pero ojalá sea un hecho cuando ustedes lean este artículo.
El combustible representa cerca del 30% del total de los costes de explotación para una empresa de transporte de mercancías por carretera, que ahora prácticamente se ha duplicado. Traducido en lo que gasta de media un camión podemos decir que si hace unos meses llenar el depósito costaba unos 3.000 euros, ahora cuesta 5.500 euros. Y es que el precio del combustible es uno de los costes que directamente o indirectamente tenemos que asumir.
Por todo esto, desde la calma y la resignación, queriendo causar el menor perjuicio posible a la sociedad, Tradime para. Porque en momentos de dificultad como el que vivimos, consideramos que el Gobierno debe reaccionar y poner en marcha, de manera inmediata, las herramientas necesarias que permitan corregir la situación de volatilidad de los precios de los combustibles que está poniendo en peligro la supervivencia de nuestros asociados, autónomos y pymes del transporte. Y no necesitamos promesas políticas, necesitamos hechos concretos. Necesitamos un Gobierno que esté a la altura de las circunstancias, que tenga en cuenta a los sectores más vulnerables y, el transporte, es uno de los más afectados en esta crisis energética.
Nuestra Asociación, Tradime Aragón, es una organización empresarial que la conforman 700 socios con una flota que ya sobrepasa los 2000 vehículos. Tenemos una larga trayectoria como entidad y nuestra labor es de servicio al transportista. Nuestra voz se oye en Aragón y también en el resto de España. Podemos decir que somos la única asociación empresarial que lucha contra la competencia desleal de verdad, posicionándonos a nivel nacional. En este sentido, somos paraguas de las denuncias de nuestros socios y altavoz de sus preocupaciones. Desarrollamos proyectos, estudios en profundidad como el que en breve vamos a presentar, llevado a cabo por la Universidad Complutense de Madrid, para que se reconozcan las enfermedades profesionales del sector y se puedan aplicar coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación.
Nuestra defensa por los derechos e intereses del autónomo y la pequeña y mediana empresa del transporte es real, vocacional, pues creemos firmemente en lo que hacemos y dignificamos la figura del transportista como tal. Porque creemos en el asociacionismo, en que la unión hace la fuerza y que juntos, sumamos. Ahora es el momento. Saldremos de ésta, como tantas veces, orgullosos de lo que somos, transportistas profesionales.
José Antonio Moliner, presidente de Tramide
