Un año de vida cumplió el pasado viernes la controvertida ley rider y el aniversario llega con más sombras que luces. Aquello de 'Hecha la ley, hecha la trampa' se aplica sin complejos al sector de las plataformas digitales que reparten a domicilio, que en Zaragoza –Huesca y Teruel tienen una presencia muy menor– aglutina ya a casi un millar de trabajadores cuyas condiciones laborales siguen en la cuerda floja.
365 días después, la principal referencia del delivery, Glovo, reconocible por sus mochilas amarillas, sigue operando con una flota eminentemente formada por repartidores autónomos contra lo que dicta la ley. Lo hace con sentencias judiciales en contra, denuncias de la inspeción de Trabajo que no dan abasto y a tenor de la indignación de sus competidores. Uber Eats, que había denunciado a Glovo por competencia desleal al inclumplir la ley, anunció que ofrecerá tras el verano la opción de hacer repartos por cuenta propia, es decir, como antes de la ley. El Ministerio de Trabajo ya ha avisado de que será «implacable» con los incumplimientos de la norma.
Las tres compañías que también operan en Aragón, Just Eat, Getir y Stuart, sí han cumplido con la legislación, aunque buscan opciones. «Muchas empresas han optado por subcontratar los servicios de reparto, por lo que en Zaragoza deben adaptarse a los convenios colectivos de Transporte y Logística», explica Esteban Lauroba, el secretario de Acción Sindical de de la Federación de Servicios de UGT Aragón, el sindicato que junto a CCOO negoció la ley rider.
Durante seis meses se extendió la negociación con el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos una ley que recogiera las múltiples sentencias –Tribunal Supremo incluido– que indicaban que las plataformas digitales de reparto estaban operando en fraude de ley al sustentar su flota en 'riders' autónomos. De esas conversaciones acabó derivando una norma de un folio que estipula que las apps debían contratar como asalariados a sus repartidores. Esa presunción de laboralidad la integraron todas las empresas del sector salvo una: Glovo.
El unicornio de origen barcelonés decidió que no iba a cambiar su modelo laboral y que el grueso de su flota seguiría siendo de trabajadores autónomos. Y casi 365 días después de entrar en vigor la norma sigue igual. Un modelo que le otorga una ventaja competitiva respecto al resto de actores que se quedaron en el mercado español.
Macrojuicio en Zaragoza
De hecho, la compañía perdió en enero de este año un macrojuicio en Zaragoza al ratificar la Justicia que 329 repartidores de la compañía actuaban como falsos autónomos, ya que desarrollaban una actividad propia de empleados asalariados. Se estimó que la Seguridad Social había dejado de ingresar en torno a 400.000 euros.
«La ley nació con el objetivo de poner fin al fraude laboral que han sufrido durante ya demasiado tiempo los trabajadores y las trabajadoras de este sector, como así han certificado tanto Inspección de Trabajo como los tribunales», explica Marta Laiglesia, la secretaria general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) en Aragón.
La primera consecuencia del desembarco de la ley fue que Deliveroo se fue, pero Uber Eats –que ahora ha decidido emprender un camino similar al de Glovo– y Just Eat se quedaron para disputarle el pastel. El problema de quienes no recurren a los falsos autónomos es que le faltan manos para repartir en sus flotas, ya que el modelo de Glovo le permite dar mejores pagas a los riders con lo que se ahorra en cotizaciones de Seguridad Social.
«De repente nos hemos encontrado con una oposición muy agresiva cuando, en un principio, las empresas se allanaron a la normativa», denuncia Esteban Lauroba, al respecto de que algunas compañías quieren emular a Glovo.
"De repente nos hemos encontrado con una oposición muy agresiva cuando, en un principio, las empresas se allanaron a la normativa"
En resumen, operar con autónomos le permite a Glovo tener muchos más repartidores disponibles –a los que no les asigna pedidos no les tiene que pagar– y eso le ha llevado a ganar cuota de mercado a la vez que sanciones que pueden llegar de la Inspección de Trabajo. Sanciones, no obstante, que no le serían notificadas hasta dentro de varios meses y que, vía recursos, pueden demorarse años.
Sin embargo, hay «modelos a seguir», en palabras de Lauroba, en referencia a Just Eat, que firmó el primer acuerdo laboral con los representantes de los trabajadores. Fue este el primer convenio colectivo en el sector del delivery en España para dar cobertura a más de 2.000 trabajadores, la mayoría repartidores, al cierre de 2022. En el caso de Just Eat, sus repartidores no trabajaban como falsos autónomos, la figura más habitual hasta la entrada en vigor de la ley, sino como subcontratados, por lo que a través del acuerdo se considerarían como asalariados. Del mismo modo, las organizaciones sindicales también iniciaron contactos con Rocket y Stuart, que operan ya en Aragón o lo harán este mismo año.
De este modo se evidencia que la demanda de delivery no cae en Aragón. No hay que ser un lince para comprobar cómo las flotas de repartidores multicolor navegan con sus mochilas en motos, bicicletas eléctricas, patinetes y un sinfín de posibilidades más. Así pues, se espera que antes del final de 2022 cuente la capital aragonesa con ocho compañías. Las que ya están: Glovo, Uber Eats, Just Eat, Stuart (propiedad de Seur, Francia) y Getir (Turquía), y las que pronto llegarán, como Gorillas (Alemania), Rocket (Ucrania) y Dija (Reino Unido), a lo largo de este año, todas con capital extranjero y con potencial para hacerle sombra.
