Una de las medidas estrella del Gobierno central para impulsar la emancipación de los jóvenes y tratar de abordar el elevado coste de la vivienda, el bono joven del alquiler, ha suscitado un interés moderado en Aragón. Con un total de 756 solicitudes recibidas en los primeros cuatro días desde que el Gobierno aragonés abrió la convocatoria para solicitar la ayuda de 250 euros mensuales, la respuesta ha sido algo más tímida de lo que cabría esperar para una medida social que cuenta, además, con más de 15 millones de euros de presupuesto en los próximos tres años.
Fuentes oficiales del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón confirmaron que, hasta ayer, se habían recibido un total de 756 solicitudes, tramitadas "la mayoría" de forma telemática, y sin que se haya producido ningún tipo de atasco burocrático ni virtual. Esta medida, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, y que prevé ayudas de 250 euros mensuales para los jóvenes menores de 35 años, puede solicitarse hasta el próximo 28 de octubre y cuenta, este año en Aragón, con algo más de tres millones de presupuesto.
Con una media de apenas 200 peticiones diarias desde que se abrió el plazo el pasado 15 de septiembre, la demanda no ha sido explosiva. El departamento que dirige el aragonesista José Luis Soro avanzó las condiciones de la convocatoria el pasado mes de agosto y propuso a los posibles beneficiarios que recabaran toda la documentación necesaria antes de iniciar la demanda, para facilitar la tramitación.
Con esta intención se postergó la publicación de la convocatoria hasta el 15 de septiembre pero, de momento, no se han producido una demanda inusual y la aplicación informática diseñada para las solicitudes no se ha colapsado en ningún momento, como sí ha ocurrido en otras ocasiones. Con la cantidad presupuestada, el Gobierno aragonés espera llegar a los 2.500 jóvenes que podrían beneficiarse de dicha ayuda y agotar las cuantías disponibles.
Cabe recordar que el bono joven del alquiler prevé una ayuda de 250 euros mensuales a los jóvenes menores de 35 años con ingresos fijos pero no superiores a los 24.318 euros (tres veces el IPREM a 14 pagas) y que sean arrendatarios de una vivienda (en solitario o compartida) con un contrato vigente y registrado por cauces oficiales.
La ayuda del Estado solo se verá reducida para aquellos casos en los que la propia renta del alquiler sea de 250 euros o inferior. También, con limitaciones para los casos de viviendas compartidas en los que varios de los inquilinos puedan ser beneficiarios de esta medida social.
En total, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana transferirá al Gobierno de Aragón un total de 15,2 millones de euros, de los que 3.040.000 euros se prevén invertir en el presente ejercicio. El próximo año 2023 será el de mayor partida, con más de 6 millones, mientras que en 2024 se presupuestarán 4,5 millones y en 2025, un total de 1,5 millones de euros.
Las condiciones del bono
El bono joven del alquiler cubrirá aquellos casos en los que la renta arrendaticia o precio de cesión de la vivienda objeto del contrato de arrendamiento o cesión sea igual o inferior a 600 euros mensuales. En esta renta o precio no se incluye el importe que pudiera corresponder a anejos tales como plazas de garaje, trasteros o similares. En el caso de alquiler de habitación esta renta o precio deberá ser igual o inferior a 300 euros mensuales.
Se concederá a las personas beneficiarias una ayuda de 250 euros mensuales con el límite del importe mensual de la renta. Si existe más de un beneficiario en una misma vivienda compartida, la suma de las subvenciones concedidas no podrá superar el importe mensual de alquiler o del precio de cesión.
Además, el bono se transferirá durante un máximo de 24 meses, o sea, dos años, a los beneficiarios. El criterio de entrega de las ayudas será por orden de solicitud.
Soro y Serrano firman la paz con el Residencial Pirineos
El consejero de Vertebración de la DGA, José Luis Soro, anunció ayer que no va a aplicar el artículo 240 de la ley de Urbanismo que le permitiría asumir las competencias en esta materia del Ayuntamiento de Zaragoza para aprobar la licencia de obras del Residencial Pirineos, un proyecto por el que ambas instituciones se han enfrentado.
Desde la DGA defendían que el consistorio estaba dilatando en el tiempo, de manera intencionada, la aprobación de la requerida licencia, mientras que desde la plaza del Pilar aseguraban que la promotora del edificio no les había enviado la documentación necesaria.
Soro, en una reunión con el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, acordó enterrar el hacha de guerra y, con todos los documentos ya recibidos, la licencia podrá aprobarse pronto.
