Una arrendadora en Zaragoza: "La solución no puede ser que el inquilino solo tenga un techo"

Hace ya siete años que Rocío decidió comprar junto a su marido un piso en las Delicias. Ella es madrileña; él, de Zaragoza; por lo que les pareció buena idea invertir en aquellos tiempos de bonanza prepandémica en una casa a futuros. «Como no la íbamos a utilizar a la voz de ya, la pusimos en alquiler y entró a vivir una mujer con su hijo. Es un tercero con terraza, tres dormitorios y ascensor, por lo que acordamos un precio de 450 euros», relata la mujer, que prefiere guardar el anonimato para lo que se utiliza el nombre ficticio aludido al comienzo del texto y acredita los documentos oficiales que dan veracidad a su testimonio. 

La familia vivió en la casa sin mayor problema hasta que llegó el golpe de la pandemia. «La inquilina nos comunicó que tenía problemas para pagar y acordamos bajarle el alquiler, por lo que se lo rebajamos el 50%. Pero en julio de 2021 dejó de pagar y desapareció. El móvil estaba sin servicio y le dejamos varias cartas en el buzón. A los dos meses enviamos un burofax donde indicábamos que debía desalojar y en noviembre contratamos a un abogado para llevar el proceso», relata la propietaria. 

Casi 400 familias aragonesas piden cada año paralizar su desahucio por ser vulnerables

Sucedió que el juez les dio la razón y estableció que el lanzamiento debía ejecutarse en mayo de 2022, cuando la inquilina llevaba casi un año sin pagar. Sin embargo, cuando la comitiva judicial, llegó al piso, observó que había «indicios muy serios de vulnerabilidad», dado que la mujer tiene un hijo con discapacidad y se encontraba en una «situación preocupante», pues incluso los vecinos se dieron cuenta de que el contador de agua estaba desactivado.

Solicitud concedida

Con ese escenario, el juez declaró la situación de vulnerabilidad en agosto de 2022, fecha en la que los propietarios solicitaron que el alquiler lo pagara subsidiariamente el Gobierno de Aragón. La Administración les concedió la solicitud tras mil y un trámites burocráticos en septiembre de 2023 pero no se lo pagó hasta hace un par de semanas, cuando les abonaron los 14 meses comprendidos entre agosto de 2022 y la fecha de la concesión del expediente, por lo que aún les faltan seis meses. 

«Estoy convencida de que su situación es vulnerable porque nos pusimos en contacto con la presidenta de la comunidad de vecinos y nos transmitieron su preocupación porque tampoco podían hablar con ella incluso habiendo llamado a los servicios sociales», explica Rocío, para quien la solución «no puede ser solo que esta familia solo tenga un techo. Debería haber un acompañamiento, tiene ir mucho más allá», pide la mujer. 

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