Casi 400 familias aragonesas piden cada año paralizar su desahucio por ser vulnerables

Unas 360 familias solicitan cada año en Aragón un informe de vulnerabilidad para tratar de frenar el desahucio de su hogar. Son esas las unidades de convivencia que se refugian bajo el paraguas de la criticada ley de Vivienda estatal y el decreto que impide los lanzamientos en los casos de fragilidad que el Gobierno de Sánchez promulgó durante la pandemia. Esa es una de las principales misiones de la normativa lanzada hace un año, que, entre otros asuntos, amplió el espectro de perfiles desfavorecidos para que nunca se repitiera una salida de la crisis como la del crac inmobiliario, cuando se llegaron a ejecutar 2.793 desahucios en 2012 solo en la comunidad aragonesa. Sin embargo, la moneda tiene su cara y su cruz, que en este caso responde a los arrendadores particulares que sufren el impago, que ahora pueden exigir compensaciones a los gobiernos autonómicos. El ejecutivo aragonés se ha hecho cargo de 194 expedientes por valor superior a los 581.000 euros desde 2021.

No es sencillo decretar qué hogares son vulnerables y cuáles no. La autoridad encargada de discenirlo es el Departamento de Bienestar y Familia del Gobierno de Aragón, que abarca el área de Servicios Sociales. Desde la consejería destacan que en la actualidad y al amparo de la nueva normativa «no se están produciendo lanzamientos porque el grado de protección de esos inquilinos vulnerables es muy alto». Es decir, que buena parte de los informes solicitados se traducen en favorables, si bien, aludiendo a la protección de datos, no desagregan cuántos corresponden a cada caso.

Si el informe resulta favorable se abren dos escenarios. El primero, el traslado a una solución habitacional en un piso de alquiler social. Por las características de los casos poscovid, esta es la opción minoritaria, dado que «la gran mayoría» de solicitantes prefieren pedir la moratoria porque lo que necesitan es tiempo para poder pagar lo adeudado en el contrato en vigor o para recuperarse de una crisis. Esos inquilinos vulnerables están protegidos por el decreto ley que impide los lanzamientos de estas personas hasta el 31 de diciembre de 2024. La norma fue promulgada durante los primeros meses de la pandemia pero el Gobierno de Pedro Sánchez la ha ido prorrogando año tras año. 

En cualquier caso, los casos en los que el informe es desfavorable suele responder a casos de okupación o de no cumplir con varios requisitos, como haber perdido el empleo o experimentado una disminución sustancial de ingresos de al menos el 40% o distintos supuestos asociados a los ingresos totales de la unidad familiar no deben superar ciertos umbrales establecidos por la ley, que varían según la composición familiar y otras circunstancias, como discapacidades o enfermedades graves. 

El efecto colateral en los arrendamientos

Sin embargo, la ampliación del espectro de la vulnerabilidad deja un daño colateral: los arrendatarios –esos que se corresponden con personas físicas y no con fondos de inversión o especuladores– que sufren el impago de esa renta que percibían por segundas viviendas y similares. Ocurre que estos arrendadores afectados tienen derecho a una compensación mientras dura la suspensión del desahucio, que busca una intervención de los servicios sociales para ofrecer una solución a esas personas vulnerables que deben desalojar la vivienda. En este caso, la responsabilidad de asumir el pago de esas compensaciones recae en la dirección general de Vivienda del Ejecutivo aragonés, que desde 2021 se ha hecho cargo de 134 expedientes que suman un importe 582.421 euros que son sufragados por uno de los programas estatales de vivienda.

La compensación al arrendador o propietario afectado por la suspensión extraordinaria de procedimientos de desahucio y de los lanzamientos en hogares vulnerables sin alternativa habitacional corresponde al valor medio de un alquiler de vivienda en el entorno donde encuentra el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler del Ministerio de Vivienda, además de los gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido el arrendador.

El pico de solicitudes llegó en el año 2021, cuando se emitieron 457 informes en pleno covid

Los efectos de la crisis derivada del covid provocaron un importante incremento de las solicitudes de desahucios por impagos en los alquileres. En Aragón, los 280 procesos que se rondaban en los años 2019 y 2020 se dispararon hasta los 457 solicitudes del año 2021. En 2023, hasta 341 hogares solicitaron un informe de vulnerabilidad para evitar un lanzamiento de la vivienda. 

Una arrendadora en Zaragoza: "La solución no puede ser que el inquilino solo tenga un techo"

Ese hecho debe leerse junto a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que publicó el pasado lunes la Encuesta de Condiciones de Vida donde arrojó que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social ha crecido un punto en Aragón en el 2023 hasta el 20,2%, mientras que la que tiene «carencia material social y severa» es del 7,1%.

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