El clan de los Henrys (los hombres de la familia responden a este nombre) ha vuelto a ser detenido por, supuestamente, dedicarse a la distribución de cocaína en Zaragoza. En total, diez personas, todas ellas dominicanas, fueron detenidas en una operación llevada a cabo por el Grupo I de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.
Según pudo saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la investigación se remonta a siete meses atrás y en ella se han realizado pinchazos telefónicos y vigilancias que llevaron a los agentes a realizar varias entradas y registros, autorizadas judicialmente, en las propiedades de los supuestos miembros de esta banda narco pudiéndose intervenir un kilo y medio de esta sustancia estupefaciente que estaría poco cortada, es decir, tendría una gran pureza. Todos ellos pasaron a disposición judicial, decretándose la prisión provisional para tres de ellos ante el riesgo de fuga y el peligro de destrucción de pruebas, ya que la investigación continúa abierta por lo que las diligencias están secretas y se desconocen más datos.
A los Henrys no es la primera vez que les detiene el Cuerpo Nacional de Policía. En 2018 fueron capturados en el marco de la operación Comandante, de nacionalidades dominicana y rumana, que conformaban un grupo criminal organizado dedicado a la falsificación de documentos oficiales de viaje y al tráfico de sustancias estupefacientes.
Cuatro de los arrestados pertenecen a la misma familia -el padre, dos hijos y la hermana del primero-, siendo el pater familia el verdadero líder del núcleo delictivo. Afrontaron cinco años de prisión, si bien acabaron siendo absueltos por la Audiencia Provincial de Zaragoza.
En aquel momento, la Policía informó que los investigados habían llegado a España utilizando visados falsos en los que aparecía el sello de la embajada de Suiza en República Dominicana, pudiendo comprobarse posteriormente que los números se correspondían con originales concedidos a ciudadanos de la República Popular China que los habrían obtenido de forma lícita. Una vez en España, habían conseguido regular su situación administrativa en virtud de la constitución de parejas de hecho de forma fraudulenta.
Avanzada la investigación, determinaron que se dedicaban a la venta de cocaína, especialmente en clubes de alterne de la capital aragonesa. Los jueces consideraron que solo se podía condenar a la persona a la que se pilló tratando de desprenderse de la droga, no dando validez a las escuchas telefónicas y afirmando que son familia, no una banda organizada y que las relaciones entre ambos son propias de los lazos sanguíneos.
