Una sentencia del Tribuna Supremo condena a Miguel Angel Gil Marín, director general del Atlético, a reintegrar al club 16,2 millones de euros para restituir la situación contable de la entidad con anterioridad a los contratos ficticios que dieron lugar a un delito de estafa. Por dicha infracción, el tribunal mantiene la condena de un año y seis meses de cárcel para Gil Marín. Su padre, Jesús Gil, fue absuelto al considerar que el delito de apropiación indebida de fondos del club ha prescrito.

El dictamen del Supremo también absuelve a Enrique Cerezo, actual presidente del Atlético, por la prescripción del mismo delito que el de su antecesor en el cargo. También queda sin efecto la devolución al club de las 236.056 acciones que poseían el expresidente y el actual máximo mandatario del club. La estafa se remonta a 1998, año en el que Gil y su hijo vendieron al Atlético los derechos de 4 jugadores nigerianos por 16,2 millones de euros.

El punto de arranque de todo este proceso tiene que ver con la conversión del club en sociedad anónima, en junio de 1992. La Audiencia Nacional mantiene que, tanto Jesús Gil como Cerezo se quedaron con casi todas las acciones sin llegar a desembolsar el importe de las mismas.