José Luis Rodríguez Zapatero viajó ayer a Bruselas con la única asignatura aprobada de los deberes que las instituciones europeas le pusieron: la reforma del sistema de pensiones para aumentar la edad de jubilación. El pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde definitivamente a una ley que entrará en vigor en enero del 2013 y que, además del PSOE, solo apoyó CiU en el Parlamento y los agentes sociales --CCOO, UGT y CEOE, aunque la patronal guardó silencio-- en la calle. Tanto los sindicatos como el grupo catalán tienen la paternidad de los numerosos cambios que ha sufrido el proyecto de ley del Gobierno. Los primeros están conformes con cómo se ha trasladado el Acuerdo Social y Económico (ASE) firmado con el Gobierno y la patronal en febrero pasado.

La oposición inicial de las centrales a subir la edad de jubilación de 65 a 67 años, se ha visto compensada con una regulación de la misma "gradual y flexible" (se aplicará poco a poco hasta el 2027) CCOO y UGT se felicitan por haber conseguido "encauzar" la máxima del Ejecutivo --el aumento de la vida laboral-- y compensarlo con el reconocimiento del "esfuerzo de cotización" que permite la jubilación a los 65 con el 100% de la pensión. La integración de las empleadas del hogar en el sistema general de la Seguridad Social, que beneficiará a unas 700.000 personas, y el pago de sus prestaciones por enfermedad, es otra de las conquistas de las centrales, que durante seis meses han seguido al minuto las incidencias de una tramitación parlamentaria en la que Zapatero solo ha tebido el respaldo de CiU.

SOLEDAD DEL ALIADO Al grupo catalán se debe las mejoras en las pensiones para las viudas, los huérfanos, pensiones, becarios y discapacitados. "La reforma no ha sido fácil pero es necesaria", señaló el diputado Carles Campuzano, que destacó la "responsabilidad" de los agentes sociales pero lamentó que el acuerdo politico no hubiera sido "suficientemente amplio". "Nos hemos sentido solos", dijo y reclamó "más responsabilidad y sentido de Estado" al PP.

El principal partido de la oposición no respaldó la filosofía general de proyecto, y desde el principio se opuso al retraso de la edad de jubilación a los 67 años en contra del criterio de los partidos conservadores que gobiernan en varios paises de la Unión Europea (UE). Sin embargo, Tomás Burgos, portavoz del PP, no anunció la reforma de la ley cuando esta formación llegue al Gobierno. Según Burgos, la ley aprobada "deteriora las expectativas de una pensión digna", además de que apenas supone mejoras para las viudas y "perjudica a sectores vulnerables como los jóvenes y las mujeres".

En sus criticas al proyecto, Burgos reprochó al Gobierno su cesión ante las peticiones de CiU, porque "ha pagado a precio de oro el kilo de disposición adicional". Estas han aumentado considerablemente en la tramitación parlamentaria, de 14 a 52, al recogerse las enmiendas de CiU. Pero ayer en el pleno del Congreso, el PP votó a favor a la mayoría.

Valeriano Gómez, ministro de Trabajo, intentó rebajar la mala imagen de una ley que aumenta la vida laboral y los años cotizados, por lo que se reduce la cuantía de la pensión a medio plazo, y puso en valor que el sistema contributivo de pensiones ha salido reforzado.