Josep Maria Huguet, Roger Bergua, Manuel Abella y Álvaro Pernas eran los grandes protagonistas de la trama en la inspección de Hacienda de Cataluña a través de la que en los años 90 actuaron "en reiteradas ocasiones" en favor de empresarios como los Núñez (Núñez y Navarro) o el Grupo Torras, según la sentencia dictada ayer.

Los contactos "corruptos" entre funcionarios y empresarios se instrumentalizaron a veces a través de asesores legales y/o fiscales y se concretaron en "significativas recompensas, beneficios o ventajas económicas" a los representantes del fisco, que el tribunal cifra en unos cinco millones de euros. Los inspectores realizaban "encargos de indebido ahorro fiscal para el empresario que les pagaba" para que este pudiera salir beneficiado de su actuación, y operaban como una trama en la que "cada uno hacía lo suyo y ayudaba al compañero".

Así, Abella y Pernas elaboraban las actas y Huguet, como inspector regional jefe que "encabezaba y consentía" la trama, dictaba el auto administrativo con el concurso de su adjunto, Bergua, que admitía los expedientes. El inspector Juan José Lucas era quien asesoraba a los diferentes empresarios y por ello recibía "importantes cantidades de dinero" a través de una empresa creada exprofeso para ello y regentada por su esposa, Mayra Mas Echevarría.

PAGOS EN SUIZA El abogado Joan Josep Folchi era el encargado de "llevar, traer y gestionar el dinero que tenían en Suiza" algunos de los inspectores gracias a los pagos para ser generosos. Fue Folchi quien realizó pagos en la cuenta del Banco Paribas de Ginebra (Suiza), de la que era titular Huguet para ganarse su voluntad de cara a las inspecciones, asegura el fallo.

También afirma que los Núñez, con la ayuda de Salvador Sánchez Guiu, mano derecha de la familia, desarrollaron una estrategia efectiva para "minorar o, llegado el caso, incluso eludir el coste fiscal de los beneficios que la empresa obtuviera en el desarrollo de su actividad empresarial".

Con estas operaciones se ahorraron en impuestos unos 13 millones de euros actuales. Como contrapartida facilitaron prebendas a los inspectores tributarios por un millón de euros. Abella y Bergua recibieron sendas viviendas a precios muy por debajo de su valor de mercado y les facilitaban onerosa y graciosamente las gestiones de adquisición y pagos de impuestos e hipotecas, que dichas adquisiciones conllevaban, y dinero en efectivo para hacer frente al pago de la hipoteca que constituyeron.