Se lo dije". La frase viene como anillo al dedo para constatar que se han cumplido los malos augurios sobre la reforma laboral denunciados por los sindicatos, partidos de izquierdas, abogados laboralistas y algunos jueces de lo social antes incluso de la entrada en vigor de la norma.

Entre otras consecuencias que vaticinaron destacaban el previsible aumento del paro por las facilidades que se daban para despedir y el aumento de los litigios por las lagunas que contenía la citada normativa en temas relacionados con los expedientes de regulación de empleo.

Una fuente tan poco sospechosa de parcialidad como el servicio de estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acaba de poner cifras a esas advertencias. En el primer año de la reforma laboral se han disparado las demandas por despidos, el 25,3% más que en el 2011, hasta alcanzar la cifra de 147.404.

Para situar la importancia de esta cantidad solo hay que señalar que es la mayor cifra registrada en un año desde que empezó la crisis, en el 2007, muy por encima incluso de las demandas que se produjeron en el 2009, el peor año en aumento en número y en porcentaje de parados del dramático sexenio. Sin duda, la judicialización de las relaciones laborales ha ido en aumento, con lo que esto comporta de inseguridad para los trabajadores despedidos y para las empresas que ejecutaron esas medidas.

Y con el consiguiente aumento de la carga de trabajo y de expedientes en un sistema judicial que ya estaba al borde del colapso. Y para acabar, en muchos casos, dando la razón al despedido, ya sea en la reclamación de cantidad o en la exigencia de reingreso al puesto de trabajo.

Con los ERE ha sucedido más o menos lo mismo. El capítulo que el CGPJ define como "incidencias laborales y ERE" registró 2.477 casos en el 2011, el 63% más que en el año anterior a la aplicación de la reforma laboral y también a mucha distancia del año más duro de la crisis, cuando esa misma cifra fue de 1.540.

Hubo un momento en que las organizaciones sociales además de exigir una moratoria en las ejecuciones hipotecarias y los desahucios exigieron también otra de similar para los despidos hasta que no se mejorase este marco legal tan incierto. Las cifras les dan ahora más razones.