Si ya es muy duro quedarse sin empleo, todavía es peor no conseguir cobrar en el plazo legal previsto las indemnizaciones a las que se tiene derecho al quedarse en el paro, por un problema de gestión de la Administración. Es lo que les sucedía, durante la primera semana de marzo, a más de 4.000 personas en Aragón (234.000 en España) afectadas por los retrasos en los pagos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). El Ministerio de Empleo reconoce que acumula un retraso de más de siete meses de media, y también admite que hay miles de casos --sobre todo, en las provincias de Barcelona, Valencia y Madrid-- con demoras que llegan a superar el año y medio.
En Zaragoza se concentra la práctica totalidad de los afectados en la comunidad, con un retraso que se sitúa entre nueve y doce meses, pero hay casos extremos que llegan a los dos años por diferentes vicisitudes, según los sindicatos UGT y CCOO. En la provincia de Teruel no se ha producido este problema, mientras que en la de Huesca hay cerca de 200 personas afectadas.
Los sindicatos han puesto el grito en el cielo ante esta situación. El pasado 12 de febrero realizaron manifestaciones de protesta en muchas ciudades españolas. Desde entonces se han celebrado varias reuniones con responsables de Empleo para tomar medidas que permitan acelerar los pagos.
ENCOMIENDA DE GESTIÓN El ministerio hizo una encomienda de gestión a la empresa Tragsatec, por un importe de 3,5 millones de euros, a mediados del año 2013, con el propósito de que gestionase el atasco de más de 100.000 casos con un retraso superior a un año y medio, mientras que el personal del Fogasa se cuidaría de poner al día los otros expedientes con menor atraso y los de nueva tramitación. Con esta medida se pretendían cumplir los plazos legales de pago, que se habían fijado en tres meses, a lo largo de este ejercicio.
La versión optimista ministerial contrasta con la sindical. Manuel Pina, secretario de Acción Sindical de CCOO Aragón, considera que la externalización de trabajo ha sido un "fracaso", ya que prácticamente no se ha resuelto ningún expediente de los que fueron derivados a Tragsatec. "La gente afectada está en una situación de manifiesta indefensión", agrega José de las Morenas, secretario de Política Industrial de UGT Aragón.
Incluso, se da la paradoja de que trabajadores de una misma empresa afectados por expedientes distanciados en el tiempo han visto como cobraban antes la indemnización los que se habían quedado sin empleo hace un año, que los que llevan casi dos años esperando. Así ha ocurrido en Transportes Ochoa, donde los 200 trabajadores del primer ERE, aplicado a mediados del 2012, que todavía no han recibido las indemnizaciones del Fogasa, un problema que no han sufrido sus compañeros de los dos sucesivos expedientes.
UGT y CCOO advierten de que para muchos de estos afectados, el pago del Fogasa es el único ingreso del que pueden disponer y por ello reclaman que se ponga en marcha un plan de choque mucho más efectivo.
CINCO VECES MÁS Los expedientes de prestaciones del Fogasa (de salarios impagados o de indemnizaciones por despidos de empresas insolventes) han aumentado de forma espectacular en los años de crisis económica, mientras que el plantilla dedicada a esta labor se ha recortado. En la comunidad aragonesa, esta entidad cuenta con una docena de trabajadores, "prácticamente los mismos que hace seis años, cuando ahora hay cinco veces más de trabajo", critica Pina. Como muestra, un botón: en el 2007 se tramitaron 1.608 expedientes en la comunidad, frente a los 8.104 del año 2013.
"Hace falta apoyo directo a la gestión, con más recursos humanos y técnicos, y no una externalización del servicio", apunta De las Morenas. Los sindicatos están estudiando la posibilidad de tomar medidas legales para reclamar el pago de más de 4.000 aragoneses por expedientes que deberían haber sido autorizados hace muchos más meses que los tres previstos por ley. "Existe un vacío legal porque el reglamento del Fogasa no estipula qué hacer cuando no cumple con el plazo de pago", según explica Pina.
La abogada laboralista Ana Luisa López Ramos se quejaba, en una carta que fue remitida recientemente a este diario, de que tiene presentados alrededor de 40 expedientes con un retraso de casi dos años para cobrar prestaciones del Fogasa y que siguen sin resolverse "seis meses después de hacerse pública la contratación" de Tragsatec para solucionar ese atasco. López denunciaba la "ineficacia de los resultados" y la "falta de transparencia" en las decisiones adoptadas por el Gobierno en este tema.
