La Comisión Ejecutiva Confederal ha zanjado por la vía rápida la crisis interna que estalló recientemente en el seno de UGT Aragón y ha decidido apartar de su cargo al secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP), Ignacio Aguar, que hace dos semanas criticó abiertamente el modelo de funcionamiento en el sindicato. Apoyado por la mitad de su ejecutiva --siete de los 13 miembros--, Aguar ofreció incluso una rueda de prensa para reclamar una "regeneración" y acabar con lo que consideraba "malas prácticas" sindicales. Ya entonces, Aguar temía que sus críticas pudieran acarrear represalias por parte de Madrid y estas no se han hecho esperar. La Confederal le ha abierto un expediente disciplinario y le ha "suspendido de derechos".

Así se lo notificó el martes la Comisión Ejecutiva al líder de UGT Aragón, Daniel Alastuey, que fue quien solicitó la suspensión de Aguar tal y como aparece en el documento al que ha tenido acceso este diario. Alastuey reenvió ayer esta misiva a los secretarios generales de todas las federaciones del sindicato en la comunidad.

Lo que todavía es una incógnita es qué pasará con FSP Aragón cuando desde Madrid ratifiquen su decisión y Aguar ya no esté al frente de la Federación. Para sustituir a un secretario general es necesario el apoyo de dos tercios del comité. Como en este caso no habría mayoría, se tendría que convocar un congreso extraordinario para elegir a otro líder y antes habría que abrir una comisión gestora, como está previsto que suceda a corto plazo.

El conflicto en la Federación de Servicios Públicos, una de las más importantes del sindicato con unos 7.000 afiliados, se precipitó por una controversia en torno al número uno de UGT en Teruel, Aurelio Palomares. Aguar pidió que este fuera apartado de su cargo en una carta remitida a Alastuey el pasado 7 de octubre. En el escrito se denunciaba el "abuso económico que esta persona está infringiendo a la organización", ya que consideraba que el sindicato le pagaba de "manera totalmente injustificada" el alquiler de un piso en Teruel, así como el agua, luz, calefacción y teléfono.

UGT señaló entonces que el pago de dichas dietas era un "un gasto operativo" de la organización para que Palomares pueda ejercer su cargo en Teruel, ya que vive en Zaragoza. UGT destacó que "abona directamente" los importes y que "Palomares no ha recibido cantidad alguna".

IMPAGO DE NÓMINAS Sin embargo, Aguar ya precisó que lo que denunciaba no era un "caso de corrupción" o de "apropiación indebida", sino un "trato de favor injustificado", más aún en un momento en el que el sindicato sufre problemas de tesorería (sus casi 70 empleados llevan tres meses sin cobrar).

Sea como sea, lo cierto es que Palomares ha interpuesto una querella contra Aguar por "injurias y calumnias" en la que le solicita una indemnización de 300.000 euros.