La evolución de las acciones de Abengoa fueron ayer el mejor respaldo para las expectativas de la multinacional del sector energético de superar la situación de insolvencia en la que se encuentra. Pero la compañía debe afrontar ahora un proceso incluso más largo de lo que los propios directivos esperan para superar la crisis después de que el lunes presentara en el Juzgado de lo Mercantil n°2 de Sevilla la solicitud de homologación del contrato de espera o standstill con el apoyo del 75,04% de los acreedores financieros en busca de un plazo adicional para presentar el plan de reestructuración que evite el concurso de acreedores.

Abengoa solicitaba así un tiempo adicional --que la ley fija en siete meses y que el juez ha concedido-- para alcanzar un acuerdo con el 75% de toda la masa acreedora, teniendo en cuenta que ese porcentaje debe mantenerse para todas las 44 filiales afectadas por el preconcurso. Basta el 75% del conjunto de la deuda para que el juez acepte en alargamiento del plazo, pero debe cumplirse en cada una de las participadas para dar el visto bueno al plan global.

"El proceso no va a ser sencillo y es previsible que se agoten los siete meses que permite la ley", comentaron fuentes de los acreedores. La mayor parte de la deuda de 9.000 millones de Abengoa corresponde a la banca, pero la masa de acreedores es mucho más amplia. Por eso, estos se muestran más excépticos en los plazos que la compañía, que establece el horizonte de un mes corto para alcanzar un plan definitivo, a partir del presentado el 16 de marzo y aceptado por la mayoría de los acreedores. La dirección concretó ayer a los sindicatos que el plan puede aprobarse antes del verano, explicaron el secretario de Política Industrial y Sectorial de CCOO, Juan Carlos Álvarez Liébana, y el secretario de Negociación Colectiva y Salud Laboral de MCA-UGT, Jesús Ordóñez, tras reunirse con el director de Recursos Humanos de Abengoa, Álvaro Polo.

Pese a todo, el acuerdo facilita que pueda comenzarse el proceso previsto de venta de activos para conseguir liquidez y, de esa forma, aliviar la aportación de liquidez que se le pide a los bonistas. El plan de la compañía incluye desinversiones de activos no estratégicos de 473 millones en los próximos dos años y la salida de proyectos con altos requerimientos de efectivo. El plan consensuado con los acreedores incluye una inyección de 1.200 millones de euros este año y el próximo, además de la refinanciación de otros 500 millones correspondientes a créditos ya concedidos y el diseño de una futura estructura de capital para la Nueva Abengoa, en la que los actuales accionistas tendrán una participación del 5%.