El millar de grandes fortunas andaluzas podrán decidir si tributan al Estado o a la Junta por su patrimonio

El Tribunal Constitucional ha avalado el llamado impuesto de solidaridad, que grava a las grandes fortunas por el Ministerio de Hacienda, desestimando los recursos elevados por las comunidades autónomas gobernadas por el PP. En el mismo sentido en el que se pronunció para Madrid, el Constitucional ha dado un varapalo a la Junta de Andalucía y a la Xunta de Galicia.

Lo hace en una sentencia que cuenta con el voto particular de cuatro magistrados, de perfil conservador, que consideran que el tributo impuesto por el Gobierno es “inconstitucional y nulo”. La sentencia desestima que sea un impuesto que invada la autonomía financiera de las comunidades y respalda su tramitación dentro de la proposición de ley que creaba los impuestos a las grandes energéticas y a la banca.

El capítulo del impuesto estatal a las grandes fortunas está cerrado pero no la batalla de las comunidades en defensa de su política de bajar impuestos, también a los más ricos. Si Madrid anunciaba días atrás que estudia recuperar el impuesto de patrimonio para poder recaudarlo desde la hacienda autonómica, en Andalucía se anuncia una medida similar. El Gobierno de Juan Manuel Moreno no aclara aún cómo procederá exactamente, está estudiando con qué fórmula, pero sí ha avanzado que estudia “el proceso técnico para que sean los contribuyentes los que puedan decidir si su tributación se queda en Andalucía o si tributan a nivel nacional”. “En Andalucía no vamos a obligar a nadie a que pague el impuesto”, informan fuentes del Ejecutivo de Moreno.

Unos 900 grandes ricos

En total, en Andalucía hay unas 900 grandes fortunas que tributan por un patrimonio mayor a los 3,7 millones de euros, cantidad a partir de la cual hay que pagar por el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno de la Nación. Es a estos contribuyentes a los que afectará la nueva medida que adopte la Junta y serán ellos quienes decidan si quieren tributar en Andalucía, que tendrá que reponer el impuesto de Patrimonio en este tramo, o seguir pagando el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno de la nación, con lo que el dinero irá a las arcas estatales. La doble imposición es ilegal por lo que ambos impuestos no pueden solaparse. Si se paga Patrimonio en su vertiente autonómica, no se paga por grandes fortunas en su vertiente estatal.

La Junta suprimió patrimonio bonificándolo al 99%, así que "ese impuesto ya no se paga ni se pagará en la comunidad". Los 16.000 andaluces que constan con un patrimonio de entre 700.000 y 3,7 millones de euros y que pagaban patrimonio con el anterior Gobierno socialista en Andalucía, con una recaudación anual de unos 95 millones de euros, seguirán sin pagar nada con el PP. Los que superen los 3,7 millones podrán decidir donde pagan.

El Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas ha recaudado 623 millones de euros en 2023, según las cifras ofrecidas por el Ministerio de Hacienda. Una cantidad muy por debajo de la estimación que se dio cuando se creó el impuesto, cuando se calcularon unos 1.500 millones. En concreto, 12.010 grandes patrimonios, que apenas representan el 0,1% de los contribuyentes en España, han abonado por este impuesto, complementario al de Patrimonio, una cuota media de 52.000 euros. De momento, se trata de un impuesto estatal de carácter temporal para los años 2023 y 2024.

Para evitar la doble imposición, los contribuyentes del Impuesto de Solidaridad solo tributan por la parte de su patrimonio que no haya sido gravado por su comunidad autónoma en el Impuesto sobre el Patrimonio. Por este motivo, la recaudación se ha obtenido, principalmente, de los grandes patrimonios de comunidades autónomas que tienen bonificado total o parcialmente el Impuesto sobre el Patrimonio. Eso es lo que Madrid o Andalucía quieren evitar, con la máxima de que para que recaude el Estado, recauda la comunidad autónoma.

El patrimonio de las grandes fortunas españolas se ha disparado un 37% este año, hasta los 196.130 millones, a pesar de la guerra en Ucrania y la inflación, según la lista Forbes

La mayoría, en Madrid

De los de los 12.010 declarantes del llamado impuesto de solidaridad, la mayoría corresponden a grandes patrimonios de Madrid (10.302 contribuyentes), que han aportado 555 millones de euros. Les siguen los contribuyentes de elevado patrimonio de Andalucía (865), que abonaron 29,7 millones; y los grandes patrimonios de Galicia (91), con una cuota a pagar de 9,8 millones. Las tres comunidades suman más del 95% de los contribuyentes y de la recaudación.

La guerra se desató cuando el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, anunció en septiembre de 2022, como una de las primeras medidas de más calado de su Gobierno de mayoría absoluta, que iba a suprimir el impuesto de patrimonio en Andalucía, siguiendo la estela de Madrid, que ya había eliminado ese tributo, y a deflactar varios tramos autonómicos del IRPF en plena crisis inflacionista. Alegó la Junta que iba a recaudar más al suprimir Patrimonio porque unas 10.000 fortunas extranjeras afincadas en las costas de Málaga y Cádiz iban a censarse en Andalucía, lo que permitiría cobrar otros impuestos y hacer más caja. Además defendió que este tributo es ya una figura obsoleta en Europa y deslizó que había ricos andaluces que se habían afincado en Portugal para evitar pagar ese gravamen.

Tras Andalucía, Murcia también anunció su supresión, Galicia apuntó a una bonificación del 50% y otras comunidades socialistas en esos momentos, como la valenciana, también amagaron con bajadas de impuestos en la antesala de las elecciones autonómicas. El Ministerio de Hacienda entró de lleno para atajar esta pugna fiscal, que estaba llevando a las comunidades a rebajar impuestos mientras que el Gobierno seguía el camino contrario, el de gravar los beneficios de la banca o las energéticas, para financiar las medidas de los planes anticrisis y el llamado escudo social, con ayudas a las familias más desprotegidas con la inflación desbocada en plena guerra de Rusia contra Ucrania. Para desactivar a Ayuso y Moreno, Hacienda creo el impuesto a las grandes fortunas que ahora el Constitucional avala.

La Junta estudia como recuperar esa recaudación y admite la sentencia del Constitucional pero señala que “no por ello la creación del impuesto deja de ser una deslealtad y un abuso contra Andalucía”. “Consideramos que esta misma doctrina la podría utilizar el Gobierno de la Nación para seguir vaciando otras competencias autónomas en materia fiscal como son la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones u otras medidas que hemos utilizado para bajar los impuestos a los andaluces”, señalan desde el Gobierno de Moreno Bonilla.