ENERGÍA

El parón político frena la ampliación urgente de redes eléctricas en pleno boom de renovables

El Gobierno trabaja con retraso en una actualización de la planificación eléctrica para incluir actuaciones necesarias en la red de manera inaplazable

Una torre de tendido eléctrico.

Una torre de tendido eléctrico.

David Page

El Gobierno lleva meses trabajando en una actualización urgente de la Planificación Eléctrica hasta 2026, que contempla la ampliación y modernización de las redes de alta tensión con inversiones de casi 7.000 millones de euros. El plan general se aprobó el año pasado, pero el Ejecutivo decidió que había que ampliarlo y reformarlo para incluir nuevas actuaciones que se consideran urgentes y estratégicas para facilitar la conexión a la red del boom de nuevas energías renovables.

La intención del Ministerio para la Transición Ecológica era tener lista la actualización del plan en la primera mitad de este año. Ahora la situación de impasse político generada por las elecciones y la incertidumbre sobre la formación futura de un nuevo Ejecutivo están frenando la activación del proceso necesario para incluir nuevas obras y ampliar las redes con carácter de urgencia. Desde el sector eléctrico se alerta desde hace tiempo que las actuales redes eléctricas y puntos de conexión no son suficientes para atender la avalancha de nuevas plantas renovables y avisa de un una ralentización de las inversiones y del despliegue.

Desde el departamento comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera se confirma que se sigue trabajando para identificar las actuaciones improrrogables que se incluirán en la actual planificación de la red eléctrica, pero se ha optado por retrasar la aprobación de la actualización de la hoja de ruta hasta que haya un nuevo Gobierno formalmente constituido.

“El texto con las modificaciones del plan actual, que han de ser actuaciones muy concretas, no ha salido aún atendiendo al principio de cautela. Aunque se ha seguido trabajando en él tras la convocatoria de elecciones, de momento no se ha lanzado a audiencia pública para intentar evitar que se haga con un Ejecutivo en funciones”, apuntan fuentes gubernamentales a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

Además de la modificación de la Planificación Eléctrica 2021-2026 en que trabaja el Ejecutivo para incluir nuevas actuaciones con carácter inmediato,Transición Ecológica pretende poner en marcha -en principio este mismo año- el proceso para aprobar también una planificación totalmente nueva para el periodo 2024-2029 para modernizar la red de transporte.

El Ministerio dirigido por Ribera advierte de que está gestionando un auténtico aluvión de peticiones de modificaciones y ampliaciones de la red eléctrica por parte de las compañías del sector. El Gobierno debe analizar todas las propuestas y discernir cuáles incluir en la actual planificación revisada y cuáles son menos urgentes y pueden dejarse para el siguiente plan que se desarrollará en el periodo 2024-2029.

Pagar las obras con fondos europeos

El actual plan hasta 2026 contempla inversiones de casi 7.000 millones de euros para ejecutar las actuaciones. Unas inversiones que debe ejecutar Red Eléctrica de España (REE), el gestor de la red de transporte, y que pagan todos los consumidores eléctricos con su recibo de luz a través de los peajes, uno de los conceptos de los costes regulados del recibo eléctrico.

Sin embargo, el Gobierno no quiere cargar en el recibo eléctrico los nuevos costes que generarán los cambios del plan en los que trabaja. Los planes del Ministerio para la Transición Ecológica pasan por pagar parte de esas nuevas redes eléctricas con fondos europeos para no financiarlo con los peajes incluidos en el recibo y evitar subir la luz.

Las inversiones realizadas por REE en la red de transporte tienen fijado un límite anual para evitar que se dispare la retribución de esos trabajos que se carga en el recibo de luz. Cada año no se pueden realizar inversiones que superen el 0,065% del producto interior bruto (actualmente, en torno a unos 800 millones de euros).

Las nuevas inversiones que el Gobierno pretende incluir en su reforma de la Planificación hasta 2026 no computarán para calcular el límite máximo de inversión anual en la red para no recortar otros trabajos ya previstos. De hecho, no computarán ni los fondos europeos empleados ni la parte de la inversión en las nuevas infraestructuras añadidas que no esté cubierta por los fondos.