El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Plena Inclusión, Down España y Salud Mental España lanzaron el guante, y Tomás Marcos, senador por Ciudadanos, lo recogió. Ahora, la posibilidad de que la accesibilidad universal sea una realidad en todo el país está mucho más cerca.
La Semana pasada, la Cámara Alta admitió a trámite por unanimidad una proposición de ley de la formación naranja que busca garantizar la accesibilidad cognitiva, aquella que facilita el uso y la comprensión de entornos, productos, servicios o procesos como medios de transporte, libros o aplicaciones para teléfonos móviles.
El encargado de defender la propuesta fue el senador Marcos quien, con pictogramas en la mano y utilizando un lenguaje sencillo, convenció al resto de grupos de la necesidad de reformar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, del año 2013, para ensanchar la regulación legal de la accesibilidad universal incorporando la dimensión de la accesibilidad cognitiva, que aún no está regulada en la legislación española.
«Es una demanda fundamental de todo el tejido asociativo de la discapacidad. La accesibilidad física y la sensorial están mucho más asumidas, pero la cognitiva, esto es, el derecho a comprender el entorno, está mucho más olvidada», lamenta el senador. «Y, si esta no está garantizada -añade-, todas las personas con discapacidad intelectual, del desarrollo o psicosocial (asociada a problemas de salud mental), no conectan ni se comunican, y por lo tanto no pueden ser ciudadanos libres e iguales, ni pueden participar en la sociedad»,
«No solo se trata del uso de la lectura fácil o de sistemas de comunicación aumentada, como los pictogramas. También hay que aplicar accesibilidad al contexto: a las edificaciones, a los museos, a los transportes… Por ejemplo, la red de metro de Madrid -de donde es oriundo Tomás Marcos- es un auténtico laberinto para una persona con discapacidad intelectual», afirma.
Tras su aprobación en el Senado, la ley vuelve ahora al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. Tomás Marcos calcula que esta se producirá antes de que acabe el año, y que ningún grupo se opondrá, tal y como ha ocurrido en su cámara, «más allá de alguna enmienda que pueda introducir el PSOE, en lo que respecta a los plazos de aplicación. Espero que, para el próximo 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, tengamos mucho que celebrar», sostiene.
La norma será positiva para el conjunto de la población, especialmente para los colectivos con dificultades de comprensión citados por el senador, pero también para los migrantes que no conocen el idioma, para las personas analfabetas o para las que tienen deterioro cognitivo debido a la edad, a accidentes o patologías, entre otras.
En definitiva, la ley beneficiará a una gran parte de la población ya que, según datos de Plena inclusión, en España hay 268.633 personas con discapacidad intelectual, 481.544 con trastornos de salud mental y 8.657.705 personas mayores. Se estima que la población que necesita la accesibilidad cognitiva son uno de cada tres habitantes.
