Los dramáticos acontecimientos que se suceden estos días en Palestina son un episodio más de la incesante agresión israelí contra el pueblo palestino, que viene siendo objeto de una continua limpieza étnica desde 1948.
La amenaza de expulsión de varias familias de Sheikh Jarrah no es nueva; por el contrario, es fruto de una política planificada de colonización y judaización de Jerusalén Este. Los consulados europeos y de Naciones Unidas en la ciudad, y organizaciones humanitarias como la israelí B’Tselem, denuncian la continua expansión israelí a expensas de las tierras y hogares palestinos, con el consecuente desalojo por la fuerza de sus legítimos propietarios para ser inmediatamente ocupadas por colonos israelís.
Israel no puede seguir gozando de impunidad ante la sociedad internacional mientras viola de manera continua y sistemática los derechos humanos, incumpliendo al mismo tiempo el derecho internacional y, en particular, el derecho internacional humanitario derivado de la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, que regula los derechos de la población civil en tiempos de guerra y bajo ocupación militar.
No condenar estas continuas violaciones equivale a dar luz verde a los dirigentes israelís para continuar con su expansión y agresión colonial. No se puede seguir mostrando una equidistancia moral entre la potencia militar ocupante y el pueblo ocupado. Como decía el Nobel de la Paz Desmond Tutu: «Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor».
Israel nunca ha querido poner fin a la ocupación ni otorgar derechos de ciudadanía a la población palestina que ocupa, de la misma manera que la Sudáfrica del apartheid solo se los reconocía a la población blanca. Incluso ha utilizado en las últimas décadas el frustrado proceso de paz como una cortina de humo para seguir expandiendo su ocupación colonial.
La comunidad internacional no puede permitir esta prolongada anomalía, menos aún los estados democráticos de la Unión Europea. Israel no puede pretender ser también un Estado democrático y al mismo tiempo cometer crímenes de apartheid y de persecución, como ha puesto recientemente de manifiesto la organización de derechos humanos Human Rights Watch. Y como asimismo manifiesta la detención por Israel, desde el pasado 13 de abril, de la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, para amedrentar y ahuyentar a los testigos humanitarios e incómodos.
La impunidad con la que actúa Israel solo se explica por el respaldo, la complicidad o la indiferencia internacional. Algunos incluso pretenden normalizar este comportamiento agresivo y colonial ante la opinión pública mundial. Si los sistemas democráticos del mundo no ponen fin a esta sistemática violación de los derechos humanos y del derecho internacional, se están degradando también esos mismos valores y principios democráticos, en un mundo donde el autoritarismo y la opresión no dan tregua.
Mientras persista la ocupación y el apartheid en Palestina, la conciencia mundial estará igualmente ocupada y segregada.
