ASZA revindica que, allí donde haya una persona sorda o sordociega, esté presente la lengua de signos.
En la sociedad hay mucha diversidad y tiene que haber adaptaciones y recursos para todos. Pero, a veces, las administraciones públicas se olvidan de los colectivos más pequeños. Si todo fuera accesible a través de la figura del intérprete o de la videointerpretación, o las personas oyentes supieran lengua de signos, sería maravilloso.
¿Qué derechos se vulnerarán mientras esto no ocurra así?
El derecho a vivir en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad. Todos tenemos los mismos derechos, pagamos los mismos impuestos y somos humanos, por eso necesitamos esa igualdad, pero no disfrutamos de las mismas oportunidades. Es verdad que antes, en la práctica, ya teníamos menos derechos que el resto. Pero ahora, con la pandemia, también hemos perdido muchos otros.
¿A qué se refiere?
Antes, el único problema que tenían las personas sordas en su vida diaria era el acceso a la comunicación y la información. Aunque tampoco oíamos, nos veíamos la cara. Y cuando ibas a un supermercado y preguntabas el precio, leíamos los labios. Pero ahora, la mascarilla ha sido como una doble barrera para acceder a la información, y es imposible entenderse. Además, con la pandemia, cualquier gestión administrativa, como pedir citas, ha sido telefónica, y las personas sordas no pueden usar el teléfono.
Una ley estatal del año 2007 obliga a cada Administración pública a facilitar intérpretes de lengua de signos, pero, ¿realmente se cumple?
Esa ley fue una lucha de años. Pero que, catorce años después de su aprobación, no se haya desarrollado con un reglamento, supone que a mí nadie me garantiza el derecho a disponer de un intérprete en según qué ámbitos. Afortunadamente, hace poco, la Dirección General de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales ha enviado ya un borrador a la Confederación Nacional de Personas Sordas y espero que antes de que acabe la legislatura se apruebe el reglamento. Ojalá.
¿Lo hace alguna Administración aragonesa?
En el 2019 se aprobó la Ley de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad en Aragón, aunque todavía falta también aprobar su reglamento. Pero a través del CERMI Aragón estamos luchando para empezar a desarrollarlo y que se empiece a trabajar en ello. Aunque aún no se ha conseguido nada.
¿La oficialidad de lengua de signos debería tener mayor reconocimiento legal?
La lengua de signos española está reconocida. Y en el Estatuto de Autonomía de Aragón sí que está contemplada. Pero falta darle mayor valor, por ejemplo, creando una norma propia para que, a partir de ahí, todas esas limitaciones que tenemos en diferentes ámbitos desaparezcan y no afecten la vida diaria de las personas con discapacidad auditiva. Y también es verdad que sería conveniente añadirla, ojalá, a la Constitución Española. Al igual que la lengua oral castellana, u otros idiomas de España, como el catalán, están reconocidos en ella, faltaría añadir las lenguas de signos españolas. Ahora, por ejemplo, se va modificar la Carta Magna para cambiar el término minusválido, que hoy en día suena bastante mal, por persona con discapacidad. Este sería un buen momento para aprovechar esa reforma y luchar también por que se introduzca ese cambio respecto de la lengua de signos a nivel constitucional.
Las lenguas son el vehículo del pensamiento y la cultura. ¿Deberían también las de signos tener un mayor reconocimiento cultural e, incluso, enseñarse en los colegios como un idioma más?
Sí, sería maravilloso que la lengua de signos pudiera ser una asignatura no obligatoria, que se pudiera elegir opcionalmente para que, en el futuro, este idioma dé méritos en las oposiciones o tenga una salida profesional. Y sería algo muy importante también, lógicamente, para poder comunicarse con las personas sordas o que se enseñara a los alumnos que tengan algún compañero sordo dentro del aula. Eso sería maravilloso.
Y en términos más prácticos y menos simbólicos, ¿la generalización de la figura del intérprete de lengua de signos podría ser una nueva fuente de empleos?
La figura del intérprete de lengua de signos está reconocida como profesión y requiere de una formación reglamentada que hasta hace poco consistía en ciclo formativo de grado superior, y que ahora está dentro de la universidad. Pero aun así hacen muchísima falta más intérpretes. En los países escandinavos, por ejemplo, disponen de un intérprete para cada ocho personas sordas. Y aquí, en España, tenemos uno para cada 240. Seguramente, si hubiese más financiación, porque ahora no hay suficiente, se crearían muchos más puestos de trabajo.
¿Ahí está la clave, no, en la dotación presupuestaria?
Sí, y también en que las administraciones públicas o las empresas privadas no reconocen esa figura del intérprete como se merece. Tienen a veces unas condiciones precarias que no son dignas. Nosotros, la verdad es que estamos preocupados con este tema e intentamos mejorar sus condiciones para darles más estabilidad y más dignidad. Pero hay algunas empresas que no reconocen esa figura, como sí lo hacen con los traductores de inglés o francés, cuando los intérpretes de lengua de signos son algo muy parecido.
¿La profesionalización del especialista en lengua de signos garantizaría el rigor y la calidad lingüística de los contenidos signados en televisión o en la enseñanza?
El especialista en lengua de signos debe ser una persona cuya lengua nativa sea esa, es decir, personas sordas. Es verdad que esa figura no está reconocida en el catálogo de profesiones. Y también es cierto que falta ese rigor. De hecho, en la televisión hay algunos criterios de calidad que no se cumplen, al igual que ocurre con el subtitulado, que es más bien un resumen, o entra con retardo. Esa demora no ocurre con los intérpretes, pero a veces el recuadro en el que aparecen es muy pequeño, suelen hacerlo en los horarios de menor audiencia y no todas las cadenas lo tienen. La tecnología permite poder elegir ver cada canal con o sin intérprete, pero para eso también hace falta financiación. H
