La relación que ETA y las FARC iniciaron en 1999 ha puesto en el disparadero al Gobierno de Hugo Chávez. El juez Eloy Velasco afirmó ayer que tiene pruebas que acreditan "la cooperación gubernamental venezolana" en la "ilícita colaboración" entre ambos grupos armados. Dicha aseveración aparece en el auto de procesamiento que dictó el magistrado de la Audiencia Nacional contra seis etarras y siete guerrilleros colombianos.
Velasco apoya la imputación en el papel en dicha trama del presunto etarra Arturo Cubillas, residente en Venezuela. Allí se casó en 1990 con la venezolana Goizeder Odriozola, que ha ostentado varios cargos públicos desde que Chávez llegó al poder en 1999. Desde enero del 2007, es directora de Relaciones Institucionales del Ministerio del Poder Popular para el Deporte. Dos años antes, en octubre del 2005, Cubillas fue nombrado director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura de Venezuela.
El juez también acusa a Cubillas de ser el responsable del colectivo de ETA en esta zona de Suramérica y de encargarse de coordinar las relaciones con las FARC para que etarras recibieran y ofrecieran cursos de explosivos y armamentos, así como de técnicas de guerrilla urbana, en el 2002, 2003, 2006 y 2007.
La colaboración entre estas bandas surgió por la necesidad de las FARC de contar con el apoyo de ETA para atentar contra el actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe; su antecesor, Andrés Pastrana, y otros cargos colombianos que tenían relación con la Embajada de Colombia en España. Por su parte, las FARC organizaron unos cursos en sus campamentos para que varios etarras recibieran instrucción "en electrónica y explosivos". La guerrilla colombiana también utilizó sus bases en Venezuela para "adiestrar" a miembros de ETA en los procesos de fabricación y utilización de granadas o morteros similares a las "llamadas ETA Jotake-Handia". Los etarras también enseñaron a las FARC técnicas avanzadas del manejo del explosivo C-4 y sesiones sobre la "utilización de teléfonos móviles como iniciador de las cargas".
La investigación se inició a instancias de la fiscalía de la Audiencia Nacional, tras recibir la información que guardaba en su ordenador uno de los jefes de las FARC, Raúl Reyes, que murió en el 2008 en un enfrentamiento con el Ejército colombiano.
