El tesón de la familia de José Couso contra el país más poderoso del mundo ha servido para que, siete años y tres meses después de que el cámara de Tele 5 muriera alcanzado por un misil estadounidense en un hotel de Bagdad, el juez Santiago Pedraz ordenara ayer la búsqueda, captura y detención de los tres militares autores del disparo. Esta es la segunda vez que se reabre la causa, después de que el Tribunal Supremo entendiera esta misma semana que el disparo que mató a Couso, que tenía 37 años y dos hijos, se puede imputar penalmente.
Fuentes diplomáticas aseguran que la orden del juez de la Audiencia no afectará a las relaciones entre España y EEUU, que pasan su mejor momento en años. "Las autoridades estadounidenses conocían esta posibilidad. También hay una ciudadana española en una cárcel estadounidense María José Carrascosa y no cabe otra posibilidad que respetar sus decisiones judiciales", explicaron estas fuentes.
Ni tres días ha tardado el juez Pedraz en hacer suya la doctrina del Supremo y pedir, además de la detención de los tres militares, que estos sean extraditados a España para poder ser juzgados, así como poder viajar a Bagdad en otoño con el objetivo de realizar una inspección ocular del lugar donde se produjeron los disparos que acabaron con la vida del cámara de televisión.
En su auto, Pedraz vuelve a imputar al teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y al sargento Thomas Gibson de un delito contra la comunidad internacional, en concurso con un delito de homicidio. El magistrado enmarca la muerte de Couso en un intento de los militares de "aterrorizar" a la población civil y a los periodistas que el 8 de abril del 2003 cubrían la guerra de Irak. El juez considera que existen "bastantes motivos para creer responsables criminalmente" a los tres acusados.
No pasa por alto Pedraz la nula cooperación que hasta ahora han tenido las autoridades estadounidenses en el esclarecimiento de este caso al no responder al ofrecimiento que se hizo para que una comisión judicial viajara a EEUU a tomar declaración a los militares. Por eso, Pedraz pide la detención y extradición a España "como única medida efectiva" para tomarles declaración y garantizar que estarán presentes en el proceso que se abra contra ellos.
SEPARACIÓN DE PODERES El proceso emprendido Pedraz no afectará a las relaciones diplomáticas, según fuentes gubernamentales, que recordaron el caso de la valenciana Carrascosa, encarcelada por el conflicto de la custodia de su hija. "Tanto ellos como nosotros, que tenemos modelos institucionales parecidos, sabemos que este tipo de asuntos no pueden afectar a la relación bilateral", explicaron esas fuentes.
Ni el Gobierno ni el ministro
