La reforma penal guarda un apartado específico para los delitos contra la propiedad intelectual. Siguiendo el espíritu de toda la modificación normativa, trae consigo penas muy severas, de hasta seis años de cárcel, para quienes alberguen en sus webs enlaces que permitan acceder ilícitamente a obras protegidas por los derechos de autor. En ningún caso se perseguirá a los usuarios o buscadores neutrales. Tampoco a los programas P2P que permiten compartir archivos entre internautas.
"Supone un auténtico equilibrio entre la protección de los derechos de autor y el avance de las nuevas tecnologías", sostuvo el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Como siempre en esta materia, los autores aprobaron la iniciativa y los colectivos de internautas arremetieron contra ella. Para la Coalición de Creadores, la reforma supone "un mensaje de esperanza" y "un avance hacia la imprescindible mejora de la tutela penal de la propiedad intelectual". En cambio, según la Asociación de Internautas este nuevo enfoque conlleva la "criminalización de todo internet". Su director, Víctor Domingo, señaló que si la modificación entraba en vigor "todos los directivos de Google van a estar en la cárcel, porque se trata del primer enlazador del mundo".
