La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía ha vuelto a implicar en la causa a los dos exdirectores generales de Presupuestos de la Junta tras la anulación que hizo la Audiencia ante la falta de argumentos de su imputación. Ahora, Mercedes Alaya insiste en que ambos fueron responsables, entre otros, de usar de forma irregular un mecanismo legal con la supuesta intención de evitar controles a la hora de dar ayudas. El auto fue realizado apenas unas horas después de la decisión de la Audiencia, aunque no ha sido notificado a las partes hasta hoy.

Tal y como hiciera con la exconsejera andaluza de Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez, la juez Alaya no ha tardado en seguir las indicaciones de la Audiencia provincial de Sevilla y ha mantenido la imputación de los exaltos cargos Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera por prevaricación y malversación de fondos públicos. Y para responder a la falta de motivación reprochada por la Audiencia, la juez reproduce en el nuevo auto la imputación que les fue leída "detenidamente" a ambos de manera previa a su declaración judicial, al tiempo que los cita de nuevo a declarar el próximo 12 de mayo "con el fin de colmar la exigencia de sus derechos de defensa".

Alaya insiste, en relación a Lozano, en que "lo que se pretendía por el inculpado, en connivencia con otros, era conseguir un sistema fácil para la concesión de ayudas sociolaborales, de forma que bajo el argumento de la agilidad y de la paz social, se otorgaran las citadas subvenciones de espaldas a la Intervención y a cualquier control, vulnerando los principios de objetividad, libre concurrencia, publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación".

En el caso de Aguilera, Alaya apunta a que fue conocedor "de las consecuencias, a lo largo de la década, de la falta de control y de distorsión de la financiación", pese a lo cual no informó a los técnicos que se reunían de forma previa a la elaboración del anteproyecto de Presupuestos.

De esta manera, la juez vuelve a insistir en la tesis que permite implicar a la cúpula de la Junta de Andalucía, el uso fraudulento de un mecanismo legal para dotar de fondos a entidades públicas, las tranferencias de financiación, para evadir cualquier intento de fiscalización. Y subraya que tanto la exconsejera de Hacienda como los exresponsables presupuestarios tuvieron la responsabilidad de introducir en los presupuestos de la Consejería de Empleo el crédito de las transferencias de financiación al IFA (Instituto de Fomento de Andalucía), el organismo público encargado de pagar las ayudas directas y prejubilaciones que dictaba la Consejería. Así, a juicio de Alaya reflejaron "indebidamente gastos que no se iban a producir, pues lo que la agencia realizaba eran pagos por cuenta de la Consejería, los cuales quedaban compensados con las transferencias de financiación, encubriendo al Parlamento el destino final que realmente quería dársele: otorgar subvenciones sociolaborales al margen del procedimiento legal", añade Alaya.

Frente a la crítica de la Audiencia de que se basó solo en el "dato objetivo de haber ostentado sucesivamente el cargo de director general de Presupuestos", Alaya contrapone las conclusiones del Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas sociolaborales otorgadas por la Junta entre los años 2001 y 2010. Un informe del que la juez concluye que "reiteradamente desde el 2002 al 2009 -siendo Lozano director de Presupuestos y Aguilera jefe del servicio de Seguimiento, Evaluación y Política Presupuestaria-, se incluyeron por parte de la Consejería de Hacienda créditos para transferencias de financiación del programa 31L, cuando en realidad se conocía indiciariamente que iban a destinarse inadecuadamente a subvenciones sociolaborales que otorgaría la Consejería de Empleo". Asimismo, la juez deja sin efecto las fianzas civiles impuestas, de 46 millones en el caso de Lozano, a la espera de conocer las peticiones de las partes tras la nueva comparecencia.