Jordi Pujol, el primogénito, es el primer miembro del clan Pujol-Ferrusola que pisa la cárcel por corrupción. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ordenó anoche el ingreso en prisión comunicada sin fianza del hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley por haber seguido blanqueando hasta la actualidad, y antes de la medianoche entraba en la cárcel de Soto del Real. El magistrado cifra en unos 30 millones el dinero que calcula tiene en el extranjero.
El juez le atribuye los delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil y, «sin perjuicio de ulterior calificación», de organización criminal. La resolución, de 14 páginas, justifica la prisión en que Pujol Ferrusola «continúa manteniendo relaciones directas y continuas con distintos testaferros y/o fiduciarios en otros países (Andorra, México, EEUU, Argentina, Paraguay y Panamá)», lo que «pone de manifiesto que continúa su estrategia de ocultación de fuentes de prueba y evidencias, dificultando aún más la investigación».
El objetivo de la prisión, solicitada por las tres acusaciones personadas, Anticorrupción, la Abogacía del Estado y Podemos para evitar la destrucción de pruebas y la reiteración delictiva, tiene «como primera finalidad evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento, visto que se ha materializado el peligro fundado y concreto de ocultación de pruebas que ya se apreció en febrero de 2016», explica el auto.
La segunda, prosigue, es «conjurar el riesgo de reiteración delictiva, que se ha concretado en las actividades desarrolladas por Jordi Pujol Ferrusola durante esta última fase del proceso». De nada le ha servido al primogénito del clan Pujol asegurar que tiene embargados 25 millones de euros, el magistrado cifra en unos 30 millones de euros «el importe mínimo» que tendría en el extranjero. Es la cantidad que le atribuía la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) en su último informe, que duplicaba lo calculado unas semanas antes.
El juez dice que Jordi «ha ido convirtiendo y transformando en el tiempo las inversiones realizadas para continuar las operaciones de blanqueo de capitales remitidos al exterior desde España o girados desde Andorra y otras jurisdicciones». Estas actividades, «lejos de situarse únicamente en tiempos lejanos, anteriores a 2010, han continuado desarrollándose hasta la actualidad», lo que queda constatado con la documentación aportada por la defensa, que incluye operaciones del 2016 (una de 1,3 millones y otra de 1,6) y hasta del pasado enero (1.758.816).
No han convencido al juez sus argumentos de que se trata de reconocimientos de deuda y garantía de operaciones desarrolladas fuera de España. De hecho, el auto insiste en que sus sociedades facturaron 11 millones de euros por tareas de asesoramiento, consultoría e intermediación, sin que haya aportado «el más leve indicio que justifique la preparación, realización o seguimiento de esos trabajos».
EN BENEFICIO DE LA FAMILIA/ El magistrado recuerda que fue él quien «coordinó durante años la gestión de un importante patrimonio económico, de procedencia no determinada, en Andorra y probablemente en otras jurisdicciones, asignándolo a toda clase de inversiones mobiliarias, inmobiliarias y financieras, siempre en beneficio de la familia».
Ayer, con una actitud arrogante que se iba desarbolando mientras escuchaba a las acusaciones, fue la primera vez que dijo que el supuesto legado fue depositado cuando llegó a Andorra en el Credit Andorra, pero siguió sin explicar, «pese a según su propia versión» terner «perfecto conocimiento», quiénes fueron los gestores que lo manejaron, los productos en que se invirtió, los montos alcanzados y su administración.
Para el juez existen indicios que revelan que las cuentas de la familia en Andorra se manejaban siguiendo las instrucciones del hermano mayor para trasladarlas de la Banca Reig (luego Andbank) a BPA, cancelarlas, adquirir estructuras societarias opacas para ocultar sus fondos a Hacienda y luego unos las regularizaron y otros no. El juez recuerda que creó una sociedad en Panamá (Kopeland Foundation) a la que su madre, Marta Ferrusola, llevó sus bienes. El magistrado acuerda que para evitar que influya en las comisiones rogatorias cursadas lo envía a prisión.
