La sentencia contra los cinco miembros de La manada provocó una ola de protestas en la calle, pero en el ámbito judicial hubo un cierre de filas en torno al tribunal de la Audiencia de Navarra que condenó a los procesados a nueve años de prisión por abuso sexual y no por violación, a pesar de que la víctima fue penetrada y obligada a hacer felaciones. La brecha entre la justicia y la calle se hizo evidente.
El TSJN tiene ahora en sus manos la labor de confirmar el fallo o enmendar la plana a sus compañeros. La defensa sigue pidiendo la absolución y la fiscalía que se incremente la pena al considerar que lo que sufrió la joven en los Sanfermines fue una agresión sexual.
Cierto es que algunos jueces y fiscales criticaron los argumentos del tribunal, pero sus asociaciones profesionales salieron en defensa de los magistrados. Los juristas disconformes con la resolución reclamaron una mayor formación en los delitos contra la mujer. La mayoría veía necesaria una reforma del Código Penal.
En el ámbito político hubo dos reacciones. La más polémica fue la del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sorprendido por que el CGPJ no actuara contra Ricardo González, el juez que emitió el voto particular en la sentencia al ver en los vídeos «actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo». El ministro dijo que todo el mundo sabía que ese togado «tiene algún problema singular». S. M.
