Huelgas indefinidas

Otro desafío a la ministra Llop tras el pulso de los LAJ: los funcionarios también quieren cobrar más

Más de 2.000 empleados públicos de Justicia en Alicante, convocados a una huelga a partir del 17. Los paros serán intermitentes de 10 a 13 horas y el 19, toda la jornada

Una de las concentraciones de las últimas semanas de funcionarios de Justicia frente al Palacio de Justicia de Benalúa.

Una de las concentraciones de las últimas semanas de funcionarios de Justicia frente al Palacio de Justicia de Benalúa.

Mercedes Gallego

La pesadilla de los responsables de Ministerio de Justicia se ha hecho realidad. Después de la batalla que durante dos meses ha librado el ministerio con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que concluyó hace una semana tras conseguir los antiguos secretarios judiciales un incremento salarial bruto que oscila entre los 430 y los 450 euros al mes según el nivel, ahora le toca el turno a los funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales el ministerio que dirige Pilar Llop, que también reclaman cobrar más.

Un colectivo de 45.000 trabajadores públicos, de los que algo más de 2.000 están en la provincia de Alicante, que desde el próximo lunes 17 de abril están convocados a una huelga indefinida con paros parciales de tres horas al día: de 10 a 13 horas interrumpirán su actividad aquellos funcionarios que secunden la medida de protesta.

El inicio oficial de las movilizaciones tendrá lugar a mediodía del martes 12 con una concentración de todos los delegados sindicales de Justicia de España ante el sede del ministerio en Madriden la calle San Bernardo. 

A esos paros parciales se sumará uno durante toda la jornada del miércoles 19 de abril cuando, también a mediodía, está convocada una manifestación que partirá del ministerio. 

Estas medidas de protesta están convocadas por cinco sindicados, CSIF, STAJ, CC OO, UGT y la Confederación Intersindical Galega «en defensa de una subida salarial digna, acorde ala aprobada para los letrados judiciales, y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) que impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación».

La convocatoria de esta huelga se formalizó a finales de la semana pasada «tras constatar la nula voluntad del Ministerio de Justicia una oferta de subida salarial a los 45.000 funcionarios púbicos de Justicia en reconocimiento de las funciones que realizan a diario en los juzgados, en línea con los acuerdos firmados con los letrados».

Los convocantes añaden que «el propio ministerio ha reconocido que cualquier modificación al alza de las retribuciones de un cuerpo, como ha sucedido en el caso de los LAJ, tiene repercusiones en el resto de las carreras, cuerpos, categorías...» por lo que entienden que «debe producirse un incremento de las cuantías que recibe el resto del personal. Sólo falta que el ministerio actúe en consecuencia», precisan. 

Para los representantes sindicales, la huelga de los letrados judiciales ha puesto de manifiesto que la eficiencia de la Justicia no pasa por los tribunales de Instancia ni el resto de la medidas diseñadas en la LOEO sino retribuyendo las funciones que realmente realiza el personal de Justicia».

Y añaden «Si a los LAJ se les ha concedido ese complemento de eficiencia, ¿por qué no al resto de modo proporcional al trabajo que se realice?»