Más del 80 por ciento de los funcionarios de justicia respaldan la huelga afectando a 700.000 actuaciones

El primer día de paros parciales --entre las 10.00 y las 13.00 horas-- a los que han sido convocados los funcionarios de Justicia se ha saldado con un seguimiento del más del 80 por ciento, según los primeros cálculos realizados por las centrales CSIF y CC.OO. Según el primero de estos sindicatos, el mayoritario en el sector, se han paralizado unas 700.000 actuaciones judiciales, viéndose afectados decenas de miles de juicios. 

Los propios sindicatos estiman que, de continuar esta situación, se necesitarán hasta 2 años para recuperar el trabajo causado por esta primera jornada de huelga. Los trabajadores reclaman a la ministra Pilar Llop una subida salarial en línea con la aprobada para el colectivo de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) --de hasta unos 450 euros-- y una "redefinición" de sus funciones, y hasta que esto no se produzca pararán todos los días durante tres horas.

Los paros parciales se han sentido sensiblemente en numerosas instancias judiciales de toda España, como los juzgados de guardia, los juzgados de lo Social, los juzgados de lo Penal, Menores y Vigilancia Penitenciaria, los registros civiles, las audiencias provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia, así como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y organismos como el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, según los convocantes.

Además de por los dos sindicatos señalados, las protestas también son apoyadas por el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han convocado la huelga indefinida. No vamos a entrar en una guerra de cifras de participación en la huelga: la Administración dirá que hemos sido unos/as pocos/as pero sabemos que ha habido una altísima participación en este primer día de convocatoria”, afirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA desde CCOO, que ha presentado además contencioso contra el decreto de mínimos fijado para el denominado 'territorio Ministerio" del que forman parte órganos como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, además de aquellas comunidades que no tienen transferidas las competencias en Justicia.

Reparto de funciones

La huelga da comienzo este lunes después de que los sindicatos se reunieran con el equipo de Llop el pasado jueves en un intento para llegar a un acuerdo que resolviera el conflicto laboral; un día antes, el miércoles, se manifestaron frente al Ministerio y --en declaraciones a la prensa-- dijeron estar "hartos" de "realizar funciones por encima de las legalmente establecidas para que los juzgados puedan funcionar" sin que se les reconocieran dichas funciones.

La de los funcionarios es la segunda huelga en la Administración de Justicia en lo que va de 2023, ya que el pasado 24 de enero --y hasta marzo cuando hubo acuerdo-- paró de forma indefinida el cuerpo de letrados. Esta protesta dejó un balance de más de 400.000 vistas suspendidas y 480.000 demandas sin repartir.

La protesta de los funcionarios no se quedará en los paros parciales, ya que los sindicatos tienen previsto completarla con una jornada de huelga general el próximo miércoles, 19 de abril, que paralizará la Administración de Justicia en España durante todo el día; y una gran manifestación en la capital que partirá del Ministerio del propio Ministerio de Justicia.

Por otra parte, otros sectores --como el de jueces y fiscales-- han avisado de que pedirán también subidas de salarios. De hecho, a finales de febrero, las cuatro asociaciones judiciales --APM, AJFV, FJI y JJpD-- y la Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria en la carrera fiscal-- solicitaron una reunión con Justicia para abordar mejoras retributivas que se ha convocado para el próximo 3 de mayo. En consultas internas celebradas ya en dos de las asociaciones de jueces, un 70 por ciento de los asociados respaldan también hacer huelga en demanda de mejoras salariales.

Tensión entre funcionarios

Las diferentes protestas y la subida unilateral realizada por Justicia a los letrados han creado tensión entre los diferentes cuerpos funcionariales. En Alicante estos roces se han evidenciado con la aparición el pasado viernes de carteles con el sello de UGT servicios públicos, "con evidente carácter insultante, difamatorio y vejatorio hacia los letrados de la Administración de justicia", según este colectivo.

“Aquí sexo gratis" se podía leer en letras grandes en los citados carteles, mientras que en medio de estas expresiones se intercalaban otras frases en caracteres diminutos relativas a la ventaja retributiva obtenida por estos altos funcionarios. "La única motivación que les mueve es el despecho hacia un colectivo que ejerció su huelga de forma ejemplar durante dos meses, sin apoyo alguno y con unidad colectiva inquebrantable", señalan fuentes de este grupo, que no descartan emprender acciones en demanda de protección de su honor.