La inminente clausura de la Expo llega acompañada de numerosas decisiones que despejan algunas de las incógnitas que aún existen sobre el futuro uso de los edificios construidos en el recinto de Ranillas. Una de ellas afecta directamente al Gobierno de Aragón, después de que el pasado mes de julio anunciara el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, Rogelio Silva, que se estaba trabajando en la posibilidad de trasladar el proyecto de la Ciudad de la Justicia a los edificios Expo en detrimento de la opción que negociaban con el Ayuntamiento de Zaragoza, de utilizar el Palacio de Fuenclara y la Imprenta Blasco, ambos en el casco histórico de la ciudad.

En este sentido, desde el Pignatelli se asegura que "se mantienen abiertas ambas líneas de trabajo" sin que, por el momento, haya una decisión en firme. Fuentes oficiales del Ejecutivo autonómico aseguraron, además, que la opción de Ranillas es una propuesta "factible" para ubicar allí la Ciudad de la Justicia. "No se puede decir que tenga más posibilidades pero sí que es viable este emplazamiento", explicaron. Además, en caso de confirmarse, "se trabajaría sobre un triple eje que comprendería la Audiencia Provincial, las instalaciones en la Plaza del Pilar y la Expo", saliendo del resto de espacios ahora ocupados. Aunque la decisión final "tiene que ser consensuada con Presidencia y otros departamentos del Gobierno de Aragón".

El futuro conocido de la mayoría de edificios de Ranillas hace que, por eliminación, las opciones de espacio se reduzcan a los edificios Ebro (los cacahuetes) donde ahora están pabellones como los colectivos de Latinoamérica, África o Caricom.

Esta posibilidad echaría por tierra el acuerdo alcanzado en la primera comisión bilateral Gobierno de Aragón-Ayuntamiento de Zaragoza para ubicar la Ciudad de la Justicia en el entorno del palacio de la Audiencia. Sin embargo, fuentes municipales descartaron ayer la posibilidad de que Fuenclara y la Imprenta Blasco queden sin uso judicial. "El acuerdo está casi cerrado a falta de unos flecos y se materializará", apuntaron las mismas fuentes.

Tanto la DGA como el equipo de gobierno de Juan Alberto Belloch ultiman los documentos que reflejan tanto los informes económicos como de distribución de espacios para la Ciudad de la Justicia en el entorno de la Audiencia.

El portavoz de Izquierda Unida y presidente del distrito del Casco Histórico, José Manuel Alonso, mostró ayer su preocupación por esta confusión de declaraciones. Así, Alonso IU preguntará, en la próxima comisión de Presidencia y Acción Social, por el estado de las negociaciones que el consistorio mantiene con la DGA sobre la ubicación de las dependencias judiciales, que tendrán que verse ampliadas una vez asumidas las competencias en la materia.