La unidad del socialismo francés mostrada tras los atentados que sacudieron París a principios de enero saltó ayer por los aires en la Asamblea Nacional. Ante el riesgo de que la ley que contempla la reforma económica más ambiciosa del Ejecutivo fuera rechazada por los diputados socialistas rebeldes, Manuel Valls sacó la artillería pesada.
El primer ministro recurrió a un mecanismo contemplado en la Constitución para adoptar sin votación la Ley de Crecimiento, Actividad y Oportunidades Económicas, conocida como ley Macron --el nombre del joven titular de Economía encargado de darle forma-- que liberaliza algunos sectores económicos. Criticada por la derecha, que la considera poco ambiciosa, y por el ala izquierda del Partido Socialista, que la ve excesivamente liberal, la ley iba a ser sometida al voto de la Asamblea a las cinco de la tarde. Sin embargo, el voto en contra anunciado por la conservadora UMP, el Frente de Izquierdas, los Ecologistas y los socialistas rebeldes, hacían peligrar la ley. Christian Paul, jefe de filas de los críticos, había adelantado que el grupo votaría en contra. "No dramatizo. En este momento, el texto no sale", reconoció Valls en la reunión de su grupo parlamentario.
EL ANTECEDENTE DEL 2006 Tras hablar por teléfono con el presidente François Hollande, el jefe del Ejecutivo optó por comprometer la responsabilidad del Gobierno y aplicar el artículo 49-3 de la Constitución. "No asumiré ningún riesgo de rechazo a una ley esencial", alegó Valls.
El arriesgado recurso a este bazoka constitucional es algo que no ocurría desde el año 2006. En aquel momento fue el entonces primer ministro conservador Dominique de Villepin quien se vio obligado a echar mano de esta herramienta para imponer a su propia mayoría parlamentaria un polémico contrato juvenil que luego sería retirado.
El órdago de Valls significa que solo una moción de censura, que será presentada por la conservadora UMP y los centristas, sin posibilidad de prosperar, puede interponerse en el camino de la ley Macron. Supone también certificar que la fractura en las filas socialistas, en vísperas de unas elecciones departamentales en marzo y el congreso de partido en junio, es cada vez más profunda.
SEGUNDO DESENCUENTRO El primer gran pulso entre el Gobierno y los cerca de 40 parlamentarios críticos con lo que consideran la deriva liberal del presidente Hollande se produjo a raíz del llamado Pacto de Responsabilidad, aprobado con la abstención de los disidentes en abril del 2014. Una ley que otorga exenciones fiscales a las empresas por valor de 41.000 millones de euros a cambio de crear puestos de trabajo.
La ley Macron es el segundo gran acto del desencuentro entre el Ejecutivo y su mayoría parlamentaria. Esta situación de "debilidad" era ayer destacada por la oposición. "La verdad estalla en un gran día: ya no hay ni mayoría ni Gobierno", dijo Nicolas Sarkozy en su cuenta de Twitter. La misma idea dejó caer el Frente Nacional, que pidio la disolución de la Asamblea. Mientras, desde el Partido Comunista se criticaba el "desprecio" por la soberanía nacional mostrado por el Ejecutivo al recurrir a un artículo del que el propio Hollande dijo en el 2006 que era una "brutalidad". El diputado de la UMP y alcalde de Niza, Christian Estrossi, lo consideró una "especie de golpe de Estado".
