La crisis migratoria de Lampedusa dispara de nuevo las tensiones entre los Veintisiete

Cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asumió el cargo en 2019 cerrar un acuerdo sobre el Pacto europeo de asilo e inmigración, una de las negociaciones más divisivas y complicadas a las que se ha enfrentado la Unión Europea en la última década, era impensable. "Estamos más cerca que nunca", proclamaba hace tan solo unos días la alemana, durante el último discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado en Estrasburgo. Una semana después este optimismo empieza a resquebrajarse. Las disputas internas amenazan con hacer descarrilar las negociaciones del pacto y la crisis migratoria en el Mediterráneo, tras las multitudinarias llegadas masivas a la isla italiana de Lampedusa, vuelven a disparar las tensiones entre los Estados miembros por el reparto de inmigrantes.

Tal es la presión que la propia Von der Leyen se vio obligada el domingo a cogerse un avión y plantarse en la isla mediterránea, que en solo una semana ha recibido más de 11.000 llegadas de inmigrantes, para dar su apoyo a Giorgia Meloni. "No considero que esto sea un gesto europeo de solidaridad hacia Italia, sino más bien un gesto responsable de Europa hacia sí misma, porque estas son las fronteras de Italia, pero también son fronteras de Europa", advertía la presidenta italiana en rueda de prensa conjunta con la alemana en la que dejaba un segundo aviso: "Dada la magnitud de los flujos migratorios a los que nos enfrentamos -232.000 llegadas hasta agosto, 115.000 corresponden al Mediterráneo central- si no trabajamos todos juntos para combatir las salidas ilegales, las cifras de este fenómeno abrumarán primero a los países fronterizos pero después también al resto".

La respuesta de Bruselas a este grito ha sido un plan de acción de 10 puntos con medidas que en su mayoría no son nuevas y que, cuando se han puesto en marcha en el pasado, no han funcionado: ayudar a Italia a registrar y tomar las huellas dactilares de los inmigrantes, apoyar el traslado de personas de Lampedusa hacia otros Estados miembros utilizando el mecanismo de solidaridad voluntario existente, acelerar los retornos a los países de origen y particularmente a Guinea, Costa de Marfil, Senegal y Burkina Faso, negociar acuerdos antitraficantes con terceros países como Túnez y aumentar la vigilancia aérea y marítima, incluyendo la posibilidad de "explorar opciones para expandir las misiones navales existentes en el Mediterréno o trabajar en otras nuevas". Una idea -"una misión naval europea eficaz"- que reclama Meloni.

Blindar fronteras

"Nunca resolveremos el problema hablando de cómo redistribuir a los inmigrantes dentro de las fronteras de Europa. La única manera de abordarlo seriamente, y de que la solución para una nación no cree problemas a otra, es trabajar en la dimensión externa y detener las salidas ilegales de inmigrantes", insistía la italiana apostando por blindar las fronteras, consciente de que la línea roja para muchos países es aceptar inmigrantes. Es el caso de Polonia cuyo primer ministro, Mateusz Morawiecki, en plena campaña electoral y con elecciones parlamentarias el próximo 15 de octubre, ha dejado claro que los planes de Bruselas no le gustan. 

"No aceptamos la inmigración ilegal. Lampedusa es una advertencia para todos nosotros. Toda Europa podría verse así si no se abandonan los mecanismos de reubicación de inmigrantes", denunciaba esta semana acusando a Bruselas de retomar un plan de reubicaciones que a ojos de Varsovia es "contraproducente" y una "incitación" para las bandas de criminales implicadas en la trata de seres humanos ante las cuáles la única solución es: cerrar las fronteras y aumentar las repatriaciones. La postura de Polonia es compartida a pies juntillas por el Gobierno de Hungría de Víktor Orban. Ambos países ya han anunciado que no piensan aplicar ninguna medida que implique reparto de inmigrantes.

Reunión de los Veintisiete

Por el momento, el plan ha generado más preguntas que comentarios entre los Veintisiete que antes de posicionarse, según fuentes europeas, quieren que la Comisión explique "exactamente" qué plantea y cómo piensa aplicarlo. La primera oportunidad será el jueves 28 de septiembre durante un Consejo de Ministros de Interior de la UE en el que los Veintisiete hablarán de la dimensión externa de la política migratoria y harán balance del pacto de asilo e inmigración. Sobre la mesa también estará el acuerdo entre la UE y Túnez, criticado desde la Eurocámara y la Defensora del pueblo, que contempla la entrega de 105 millones de euros al país norteafricano para reforzar sus fronteras e impedir la salida de inmigrantes y que de momento no ha tenido impacto, ya que los flujos y la presión migratoria sigue aumentando. Y no solo en los países fronterizos. 

Alemania hace unos días anunciaba la suspensión de la acogida de solicitantes de asilo procedentes de Italia y justificaba su decisión en que Roma no cumple con el reglamento de Dublín, que establece que el país de primera entrada es el responsable de procesar las solicitudes de protección internacional, y no registra adecuadamente a las personas que llegan y que terminan en Alemania. El resultado, advertía el miércoles el presidente Frank-Walter Steinmeier, es que solo en la mitad del año han recibido 162.000 solicitudes de asilo, "más de un tercio de las registradas en toda la UE". 

Se trata precisamente de uno de los problemas que tendría que solucionar el nuevo pacto de asilo e inmigración que esta semana ha sufrido un nuevo golpe al quedar bloqueadas las negociaciones de dos de los reglamentos de crisis, destinados a organizar la solidaridad entre los Estados miembros en casos de urgencia. El Parlamento Europeo, con el acuerdo de todos los grupos políticos, decidía el miércoles suspender las negociaciones con el Consejo, que sigue sin aprobar un mandato negociador por el bloqueo de países como Alemania -y otros países del este de Europa como la República checa- que, según lamentan fuentes diplomáticas, mantiene una posición "ideológica". La presión por avanzar en ambos expedientes es, sin embargo, grande y aunque no están en la agenda de la reunión de ministros de la próxima semana hay gobiernos que han pedido su inclusión porque "hay que resolverlo".