Los solicitantes de asilo regresan a la "cárcel flotante" en el Reino Unido tras ser evacuada por legionela

Cerca de una treintena de solicitantes de asilo en el Reino Unido han regresado este jueves a la barcaza 'Bibby Stockholm', calificada de "cárcel flotante" por las organizaciones de derechos humanos, tras la eliminación de la bacteria de legionela que obligó a evacuar la embarcación a mediados de agosto. "Se han completado todas las pruebas necesarias, incluidos los controles sanitarios, de incendios y de agua, y todos son satisfactorios", ha dicho un portavoz del Ministerio del Interior a través de un comunicado.

Los primeros solicitantes de asilo han sido recibidos en el puerto de Portland, en el sur del país, por varias decenas de manifestantes, que exigen al Gobierno que detenga sus planes y garantice que los refugiados reciben un trato digno. A pesar de las protestas, el Ejecutivo tiene previsto seguir adelante con los traslados hasta alcanzar la máxima capacidad de la barcaza, de 512 personas. "El número de personas a bordo aumentará gradualmente con más llegadas en los próximos días y meses, como parte de un enfoque cuidadosamente estructurado y escalonado", ha explicado el ministerio. Está previsto que otras 45 personas lleguen en los próximos días, según la prensa británica.

Reducción de costes

La instalación de la barcaza forma parte del plan del Gobierno para reducir los gastos de alojar a los solicitantes de asilo en hoteles y albergues, superiores a los siete millones de euros diarios. El Ejecutivo ha insistido en que los refugiados "no tienen elección" y que los que se nieguen a trasladarse a la embarcación corren el riesgo de perder el apoyo económico que reciben. Muchos de los afectados aseguran tener miedo a vivir en un barco debido a las secuelas psicológicas de su viaje hasta el Reino Unido y otros han mostrado su preocupación porque se produzca alguna catástrofe en una instalación cuya capacidad inicial ha sido doblada para acoger al máximo número de personas posible. 

Los planes del Gobierno han recibido el rechazo de las organizaciones de derechos humanos y de las administraciones locales, que sostienen que tendrá un impacto negativo tanto para los solicitantes de asilo como para la comunidad local. La alcaldesa de Portland, Carralyn Parkes, presentó una demanda ante el Tribunal Superior para frenar el proceso, alegando que la barcaza incumplía con la normativa sobre planificación y que no había respetado la evaluación de impacto ambiental. Una demanda que los jueces han desestimado, aunque algunos de los solicitantes de asilo afectados han iniciado sus propias batallas legales a título individual.

Servicios básicos

El Ejecutivo sostiene que el uso de barcazas para alojar a inmigrantes cumple con el respeto a las leyes vigentes e insiste en que todos ellos contarán con los servicios básicos garantizados, entre ellos atención sanitaria dentro de la embarcación, así como acceso a internet, espacios para hacer deporte y clases de inglés. El Gobierno también pondrá a disposición de los solicitantes de asilo un servicio de autobús para que puedan desplazarse a las poblaciones cercanas y entregará 3.500 libras (unos 4.000 euros) al ayuntamiento por cada persona alojada en la barcaza. 

Aún así, las organizaciones de defensa de los refugiados critican el reducido espacio en el que tendrán que convivir cuando la embarcación esté a plena capacidad, con habitaciones compartidas con hasta tres y cuatro personas. "La idea es ser lo más cruel posible para disuadir a la gente de solicitar asilo", ha dicho la alcaldesa Parkes. El objetivo del Ministerio del Interior, liderado por la polémica ministra Suella Braverman, es reducir cuanto antes los gastos asociados al alojamiento de refugiados y frenar la llegada de embarcaciones a través del canal de la Mancha.

Políticas polémicas

Braverman, hija de inmigrantes africanos de origen indio, ha radicalizado su discurso contra la inmigración en los últimos meses en un intento por marcar perfil propio de cara a un futuro liderazgo del Partido Conservador. "El viento de cambio que arrastró a mis padres a cruzar el mundo en el siglo XX no fue más que una mera brisa comparada con el huracán que se avecina", aseguró la ministra en la convención anual de los conservadores, celebrada a principios de mes. Además de la reducción de costes en el alojamiento de los solicitantes de asilo, la ministra tiene previsto activar cuanto antes las deportaciones a Ruanda, paralizadas en este momento por la justicia y sobre las que el Tribunal Supremo deberá pronunciarse en las próximas semanas.