El rey Juan Carlos aceptó la propuesta socialista de reformar el mecanismo sucesorio antes de la boda de Felipe y Letizia para que su primer vástago, si era niña, tuviera prioridad en la sucesión al trono español. La iniciativa preveía aprovechar la disolución de las Cortes españolas, al término de la anterior legislatura, para impulsar la modificación. El expresidente del Gobierno, José María Aznar, consideró que no era el momento adecuado para proceder a un cambio de esa índole.

El entonces secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, sostenía que había que eliminar esa discriminación por cuestiones de sexo en la jefatura del Estado lo antes posible, y así se lo hizo saber a la Zarzuela. Pero al descartarla el presidente Aznar, la iniciativa quedó en nada. En aquel momento, la segunda mitad del año 2003, el expresidente del Gobierno desarrollaba una campaña sin cuartel contra quienes defendían cambios en la Carta Magna. Quienes postulaban algunos retoques del texto constitucional eran descalificados a menudo como traidores a España.

La posición del Rey, manifestada a título de sugerencia, incluía la conveniencia de que el cambio en la sucesión se hiciera por consenso y, en todo caso, acompañada de otras propuestas de reforma. Personas próximas al Rey compartían ese criterio, apuntando la posibilidad de que esa iniciativa fuese acompañada de la inevitable adaptación de la Constitución española a la futura Carta Magna europea, y de la reforma del Senado como cámara de representación territorial.

SIN EFECTO RETROACTIVO Según fuentes solventes, el rey Juan Carlos tuvo muy claro en todo momento que los cambios en el mecanismo sucesorio no debían tener efectos retroactivos. Es decir, que quedara siempre a salvo que el heredero seguiría siendo Felipe, y no su hermana mayor, la infanta Elena.

Las Cortes fueron disueltas el pasado 19 de enero, sin que esa medida tuviera otra finalidad que la de dar por acabada la legislatura, y el 14 de marzo se celebraron elecciones generales. Por tanto, las nuevas cámaras, salvo que sean disueltas y se celebren nuevos comicios legislativos, no están autorizadas para poner en marcha esa reforma constitucional, prevista en su texto pero nunca concretada.

SIN RETORNO En todo caso, la modificación de ese islote de desigualdad en un texto que proclama la equiparación entre los dos sexos, es una opción sin retorno, que más pronto que tarde será abordada. Tras su investidura como presidente del Gobierno, Zapatero precisó los cuatro puntos de la reforma constitucional que postula. Uno de ellos es consagrar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la Corona.

En su programa electoral, el PSOE incluyó esa propuesta, cosa que no hizo el PP. Uno de los redactores de la oferta socialista comentó: "!Ojalá que el primer hijo de los príncipes de Asturias sea un niño, nos evitaría muchos problemas, porque si la pareja tiene una niña nadie entenderá que no sea la heredera".

Perdida la oportunidad, esta cuestión podría plantearse con apremio si la futura princesa de Asturias comienza a gestar una niña. Dato que, en la actualidad, puede conocerse hacia el cuarto mes de embarazo mediante una ecografía.

EXIGENCIAS Un cambio en el régimen sucesorio requiere la modificación del artículo 57 de la Constitución, mediante un complicado procedimiento. Este implica la aprobación de la reforma por mayoría de dos tercios de ambas cámaras, la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. También, la aprobación del texto enmendado por mayoría de dos tercios tanto en el Congreso como en el Senado. Finalmente, después de tan complicado procedimiento, ha de celebrarse un referéndum popular para que los ciudadanos ratifiquen la decisión de los legisladores.