El Gobierno de Aragón apoyará mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se fije un techo de gasto a las comunidades autónomas. Esta medida servirá para atajar el déficit, principal problema de las administraciones españolas y que está provocando que se las mire con lupa desde Europa. A pesar de que apoye esta iniciativa, que se propondrá en esta reunión entre la Vicepresidenta económica y las 15 comunidades autónomas de régimen general, el consejero aragonés de Hacienda fue tajante al asegurar que esto no servirá para "resolver el problema de financiación de este país".

En este consejo se hará un seguimiento de los planes de viabilidad de cada comunidad, se analizarán los objetivos de estabilidad presupuestaria para los próximos años y el Ministerio de Economía propondrá una revisión del sistema de fijación del techo de gasto para las autonomías, lo que generará una encendida discusión y más en un momento en el que el panorama político autonómico ha cambiado y la gran mayoría de comunidades tienen consejeros del PP, frente al gobierno central, del PSOE.

De hecho, Garcés aprovechó para criticar "las medidas contradictorias" que ha aplicado el PSOE durante estos años de gobierno en materia presupuestaria, ya que recordó que fue él mismo quien propuso en el 2001 (en su etapa de asesor de Aznar y de redactor de la Ley de Estabilidad) la fijación de un límite de gastos autonómicos y recibió las críticas de los socialistas. Sin embargo, ahora el PSOE "acaba comprando el producto", que él defiende desde hace tiempo. Para Garcés, no será un problema para Aragón que se fije un límite de gasto porque es uno de "los compromisos electorales" de Luisa Fernanda Rudi. Sin embargo, también señaló que estas limitaciones no sirven para aclarar cómo se van a cubrir "los desfases presupuestarios" en determinadas políticas públicas, como la Ley de la Dependencia, una ley que nació "infradotada económicamente" y que deben asumir las comunidades. "Está bien ejercer la disciplina y la supervisión", pero "eso no resuelve el problema de financiación en este país", afirmó.

INDECENCIA Los compromisos que marca la ley obligan a la DGA a no sobrepasar un déficit del 1,1% en el 2013, y según apuntó Garcés, cuatro décimas se las llevaría únicamente el Plan RED, después de que Eurostat confirmara que hay tres sectores de este proyecto de mantenimiento y conservación de carreteras que computan en la deuda pública. Por este motivo, Garcés consideró "indecente" que el anterior Gobierno autonómico firmara contratos con empresas "a sabiendas que no iba a gobernar durante 50 años" (los 12 de Gobierno más los 38 años que dura el contrato). Esto fue una "torpeza" que puede lastrar ahora "la credibilidad" del Gobierno de Aragón si se incumple con la ley de Estabilidad por este motivo.