La anunciada obsesión de Rudi por la reducción de la "sobredimensionada" estructura de asesores y personal de confianza en el Gobierno de Aragón quedó ayer bien demostrada al eliminar, en su primera decisión aprobada en un consejo de Gobierno, 80 cargos que no cumplían "ningún servicio de utilidad para la comunidad autónoma". Así lo afirmó tras la reunión ejecutiva quien va a ser la mano derecha de Rudi, el ideólogo y ejecutor de la reforma de la administración a través de los recortes, el consejero de Hacienda y Administración Pública, Mario Garcés.

"Con ese dinero se pueden construir cinco colegios, y desde luego este Gobierno prefiere colegios a asesores" indicó un consejero que ya desde el primer día garantiza un buen número de titulares. De hecho, El Gobierno de Aragón cifra en 18 millones de euros el ahorro esta legislatura, que se destinarán a gasto social. Explicó que Rudi viajará sola o como mucho con una persona. "Ha concluido lo de los vagones llenos de personal de confianza", dijo. En lo que queda de año ya se van a ahorrar 1,8 millones de euros. La reducción supone el 22% de la plantilla. Ayer mismo ya aparecían en el BOA todos los cesados adscritos a la anterior Presidencia del Gobierno. En una segunda fase, aseguró Garcés, se "racionalizará" el resto de la estructura de la administración pública, con especial incidencia en el sector público empresarial.

NOMBRAMIENTOS En este sentido, Garcés indicó que los empleados de estas empresas públicas "no tienen nada que temer", al menos de momento. En octubre se conocerán los resultados de las auditorías que se van a realizar para conocer el estado de la Administración pública, y también de sus empresas, de las que se analizará su utilidad y rentabilidad. Por este motivo, el consejo de Gobierno de ayer aprobó sus primeros nombramientos de segundo nivel, entre los que se encuentran dos figuras clave para este proceso: Cristina Quirós, quien actualmente dirigía el área de auditoría de la Cámara de Cuentas de Aragón, y que ha sido nombrada Interventora General, y Gema Gareta, licenciada en Ciencias Económicas, directora general de Presupuestos, Financiación y Tesorería del Ejecutivo Autonómico. Gareta no es nueva en este cometido, pues paradójicamente ha sido la responsable de la Dirección General de Presupuestos del anterior Ejecutivo. Garcés ensalzó su capacidad y sus conocimientos técnicos.

DEL ANTERIOR EJECUTIVO De hecho, indicó que en este Gobierno estará la gente mejor preparada y no será el único director general de su departamento que provenga del anterior Ejecutivo. De hecho, aseguró que habrá al menos uno más. El próximo 3 de agosto se conocerán los nombres de los 40 directores generales que faltan por nombrar. Junto a estas dos designaciones, también se nombró a Ignacio Murillo como director general de Función Pública y Calidad de los Servicios. Murillo había sido asesor del Justicia entre 1993 y el 2005 e interventor en varios departamentos del Gobierno. Es funcionario por oposición. También fue designado el nuevo responsable de Servicios Jurídicos, Jesús Lacruz Mantecón.

Dentro de la imagen de transparencia y austeridad que quiere transmitir el Ejecutivo de Rudi, ayer se aprobó un código de buen gobierno. A este le acompañará un código de buenas prácticas empresarial.

Son 19 artículos agrupados en principios éticos y de conducta. Entre los puntos que exige, figuran la dedicación exclusiva, la transparencia, la austeridad en la gestión, la búsqueda del interés general, el bien común de los ciudadanos y la renuncia a cualquier privilegio. Contempla también el uso adecuado de los medios puestos a su disposición para el desempeño del cargo, con especial incidencia en coches oficiales, viajes, gastos de representación y protocolo y teléfonos móviles. El objetivo final es lograr "una administración pública más accesible y garantista del bien común y, en definitiva, más cercana a la realidad del ciudadano", afirmó el Gobierno.