El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Mario Garcés, garantizó ayer al Gobierno central la lealtad del Ejecutivo aragonés con el compromiso de alcanzar la estabilidad presupuestaria. Garcés señaló que las autonomías del PP han dado una "imagen de responsabilidad" al comprometerse con el Estado a trabajar para que no se dispare más el gasto público y se incumpla con los objetivos del déficit. En seis meses, el Gobierno de Aragón, al igual que el resto de comunidades, presentarán una regla de gasto en las Cortes.

Otra cosa es que Aragón --al igual que las otras diez comunidades gobernadas por el PP-- coincidan con el Gobierno de España en la regla de gasto marcada y en los parámetros en las que esta se crea. Es por este motivo que Aragón se abstuvo en la votación. De esta forma, se apoyaba la voluntad de asumir el mayor problema que tienen ahora las arcas públicas pero se mostraban las dudas que les acarrea el criterio propuesto por la ministra Salgado. Según las previsiones, el objetivo a cumplir en cuanto al déficit es del 1,3% en el 2012, del 1,1% en el 2013 y del 1% de 2014.

"Vamos a ser responsables y vamos a hacer todo lo posible por conseguir los objetivos, ya que además es un compromiso adquirido por este Gobierno. Otra cosa es que se pueda cumplir tal y como ha presentado hoy el Ejecutivo central su propuesta, porque consideramos que puede presentar problemas jurídicos y se pueden introducir mejoras técnicas en la fijación de los objetivos". Por este motivo, se creará un grupo de trabajo compuesto por técnicos del Estado y las comunidades, para profundizar en este asunto. La representación aragonesa correrá a cargo de la directora general de Presupuestos, Gema Gareta. Con los criterios del Gobierno de España

Una de las dudas se plantea por el hecho de que puedan aparecer gastos pendientes de imputar en los presupuestos y dificulten la posibilidad de cumplir con el déficit. Un ejemplo. Que tres sectores del Plan RED de carreteras computen en deuda implica ya un aumento de deuda de cuatro décimas.

EN SEPTIEMBRE A partir de septiembre, este grupo se pondrá manos a la obra. Parten de una propuesta estatal rechazada por los consejeros populares. Esta consiste en que el gasto no crezca por encima del crecimiento medio del PIB nacional expresado en términos nominales durante nueve años: los cinco anteriores, el año en curso y la previsión de crecimiento de los tres siguientes. Al Gobierno aragonés le iría mejor que estos parámetros se basaran sobre el PIB autonómico, ya que el crecimiento en la comunidad ha sido superior en los últimos años a la media estatal.

También se supo que el ICO financiará la mitad de lo que tiene que devolver la comunidad el año próximo al Estado. Financiará aproximadamente la mitad de la deuda del próximo año, que es de 178 millones. Es decir, 85 millones de crédito con unos intereses a condiciones muy ventajosas. Aunque Aragón también prefería un aplazamiento, esta fórmula alivia en parte la maltrecha salud de la economía de la comunidad.