La CAI ha rectificado y, aunque inicialmente aseguró que no había presentado denuncia contra las 52 personas que se adentraron en su sede central el pasado día 7 de marzo, ayer dirigió un escrito al titular del Juzgado de Instrucción n° 5 de Zaragoza, solicitando "el archivo de las actuaciones "contra los miembros de la plataforma Stop desahucios por "coacciones" y "ocupación ilegal". También renunció al resarcimiento por daños.
Los hechos ocurrieron el pasado 7 de marzo. Tal y como adelantó EL PERIÓDICO, la denuncia --firmada por el director de negocio y la jefa de seguridad de la entidad-- se dirigió contra 52 personas, 10 de las cuales ya habían recibido una citación judicial para declarar en las primeras dos semanas de abril. Entre los denunciados está un representante del Ayuntamiento de Zaragoza y otra de la DGA en el consejo directivo de la entidad, Juan José Jordá e Isabel Aína, respectivamente; un sacerdote, clientes del banco, otros pendientes del lanzamiento y dos periodistas, uno de este diario y otra de la Cadena Ser.
Ayer todos manifestaban "su alegría" al conocer el desistimiento. La entidad aseguró que "no habían interpuesto denuncia alguna", pero en las diligencias previas, ayer en mano ya de muchos de los afectados, se demuestra lo contrario.
Han sido unos días "muy complicados" para todos los que "pacíficamente" participaron en la acción reivindicativa en el hall de la sede del banco.
LOS DENUNCIANTES El director de negocio de la CAI, Pedro Javier Camarero Gallardo, compareció ayer en el juzgado instructor y ratificó "todo lo sucedido aquel día", según indicaron a este diario testigos de su declaración.
El nombre de Camarero aparece en el atestado elaborado por agentes de la unidad UIP de la Policía Nacional que intervinieron en el desalojo. Su firma, y la de la responsable de seguridad de la entidad, María Teresa Bescós, corroboran lo que la plataforma Stop Desahucios ha defendido desde el primer día: la denuncia y que "de esta pataleta ellos son los únicos responsables".
Sin embargo, posteriormente, fuentes de la entidad confirmaron que los servicios jurídicos habían presentado un escrito renunciando "a tomar parte como acusación particular en la causa" y a "ejercer actuación judicial alguna contra las personas que ocuparon su sede". Asimismo, no solo rechazaban cualquier resarcimiento por daños, también solicitaban el archivo de las diligencias.
Así pues, la decisión depende ahora del juez instructor: Francisco José Picazo, quien debe decidir qué hace con las diligencias abiertas.
Todos los implicados confían en que se archive cuanto antes y se olvide. Con la entidad "fuera de juego", muchos piensan que "es absurdo continuar con el juego del banco", y por tanto creen que "el juez dará carpetazo al asunto" y que "la Fiscalía no intervendrá".
En los últimos meses han sido varias las decisiones que se han tomado contra los lanzamientos y desahucios desde las instancias judiciales en Zaragoza. El propio juez decano, Ángel Dolado, se ha mostrado partidario de la dación en pago y ha pedido públicamente "la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria", para intentar frenarlos.
Los implicados, que fueron sacados "a la fuerza" por efectivos de la UIP, creen "desmesuradas" las acciones policiales contra ellos. Una crítica que se suma a la que han planteado partidos políticos como IU o CHA.
Desde ambas formaciones se han lanzado duras críticas contra el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a quien acusan de "colaboracionista con los poderes económicos". "Nos sentimos presionados, vigilados y perseguidos. En las últimas acciones nos han identificado siempre", recordó Pablo Híjar, uno de los portavoces de la plataforma en Zaragoza. Asimismo, señaló que "es frecuente que siempre nos acompañen al menos dos furgones antidisturbios " lo que, según dicen, se traduce en menos apoyo ciudadano "por miedo".
