Dos trabajadores de Adif fueron arrestados ayer en la capital aragonesa en el marco de la operación Enredadera, que dirige la jueza Mercedes Alaya, que también se ocupa del llamado caso de los ERE en Andalucía. Forman parte de una larga lista de 32 detenidos en 12 provincias por, presuntamente, cobrar sobornos a cambio de favorecer la obtención de contratos públicos

Puntuales, a las 07.00 horas, se presentaron agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las instalaciones que el gestor ferroviario tiene en la antigua estación del Portillo de Zaragoza. La cuarta planta era su objetivo, la conocida entre los trabajadores como el palomar del Portillo, en la que se sitúan las oficinas de los supervisores de vía, de comunicaciones, señalización, y, también, la del gerente de Mantenimiento de Adif, José Antonio García Pascual, al que detuvieron.

En su presencia, los agentes registraron los diferentes despachos e intervinieron gran cantidad de documentación que fue remitida a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. En esas oficinas no estaba Miguel Ángel Muñoz Tejero, técnico de vía y obras, debido a que se jubiló hace dos años, pero fue arrestado en su domicilio.

La investigación señala que la empresa sevillana Fitonovo pagó 1 millón de euros a políticos y funcionarios hasta 2012 a cambio de ganar contratos públicos. En esa lista de receptores aparece, según fuentes consultadas, el nombre de José Antonio García Pascual. De hecho, el administrador único de la contratista, González Baro, ya le señaló durante su declaración judicial asegurando que le había pagado 500 euros en Viagra.

Una acusación que no sorprendió a los trabajadores, que ya sabían desde hacía un año que existían esta y otras "gratificaciones": comidas o viajes.

Las sospechas en Aragón se circunscribirían al contrato que consiguió Fitonovo para desbrozar las hierbas que aparecen a lo largo de la red viaria. Según explicaron fuentes ferroviarias a este diario, los ingresos de la firma sevillana por unos trabajos que "se realizan una o dos veces al año", "le reportan en torno a 4 millones de euros". El beneficio depende del número de veces que se realizan estas tareas, apuntaron.

El ámbito de acción eran todas las líneas regionales aragonesas y que llegan a Tarragona, Burgos o Sagunto; también la del cercanías de Zaragoza. La entrada de esta empresa en la comunidad autónoma se produce en el año 2008, llegando a abrir sede en Plaza --cerrada hace dos años-- y guardando su maquinaria en las instalaciones de Adif en el barrio rural zaragozano de La Cartuja.