La subida de impuestos planteada por el Gobierno de Aragón para aumentar en 88 millones la recaudación autonómica no ha caído bien en la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA), que espera que el Ejecutivo autónomo cambie la propuesta plasmada en el proyecto de Ley de Mantenimiento de los Servicios Públicos. Pero la crítica a la reforma tributaria no es uniforme desde el mundo empresarial. Para la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), la reforma "es necesaria para paliar el déficit". Los principales sindicatos, CCOO y UGT, también se ponen del lado del Ejecutivo para "recuperar las políticas sociales".

"Cuando hay signos de recuperación en las empresas y empezamos a generar empleo, una subida fiscal frena la competitividad de las empresas", afirmó Fernando Callizo, presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA), que se reunirá la próxima semana con el presidente Javier Lambán para "entrar al detalle del proyecto". Los empresarios aragoneses plantean que lo que hay que hacer es "buscar una fiscalidad justa, no cargar contra quienes generan riqueza y empleo" y alertan de que un aumento de los tipos impositivos puede llevar a una menor recaudación, por el "éxodo" de empresas.

"Parece que se ha intentado perjudicar poco a las pymes y a los autónomos, y en el impuesto a los hidrocarburos se plantean exenciones a los transportistas y agricultores, por lo que no lo vemos mal", manifestó sin embargo Aurelio López de Hita, presidente de Cepyme. Eso sí, reclaman que la reforma fiscal vaya acompañada de la racionalización del gasto, "sobre todo en lo que afecta a la estructura administrativa".

Es la misma reflexión que plantearon los sindicatos. El secretario general de CCOO en Aragón, Julián Buey, manifestó su esperanza de que los esfuerzos de los ciudadanos "se aprovechen bien, con una buena gestión, eliminando los gastos superfluos, y que sirvan para multiplicar la calidad de los servicios públicos". Las dos centrales sindicales reconocieron que esta subida de tipos es "necesaria" para recuperar las políticas sociales y para paliar el déficit.

Daniel Alastuey, Secretario General de UGT Aragón, incidió en que la política de "pérdida de ingresos y reducción de gastos" no puede seguir, aunque recordó que el "problema de financiación autonómica no se soluciona con estos cambios". Ambas centrales reivindicaron un nuevo modelo para que la comunidad pueda gestionar los Servicios Sociales, la Educación y la Sanidad.

GRAVAR LOS HIDROCARBUROS El único punto que genera dudas es la puesta en marcha del gravamen a los hidrocarburos. Para Alastuey es la parte de la reforma "menos justa", pero recuerda que "es preferible a otro recorte". El discurso cambia drásticamente en la patronal, donde consideran que quienes repostaban en Aragón por su "ventaja competitiva" --hasta ahora no se aplicaba este impuesto-- ya no lo harán.

"Aragón era un referente entre los transportistas por lo económico de sus precios", indicó ayer la gerente de la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales por Carretera (Tradime), María José Pardo. "Somos transportistas, no queremos financiar a la Administración", afirmó. La Federación de Empresas de Transporte de Aragón (FET Aragón), dudó de la efectividad en la devolución del importe del impuesto que se ha anticipado. "Teniendo en cuenta la experiencia vivida en otras comunidades esta devolución tarda en ocasiones mucho tiempo en producirse, por lo que su pago incrementa las dificultades de tesorería y financieras de las empresas", afirmaron a través de un comunicado.

Y si los transportistas están molestos por el aumento en el precio de los hidrocarburos, en las gasolineras manifiestan una opinión similar. La presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón, Pilar Soto, indicó ayer que el sector está "completamente en contra" de las medidas fiscales plantadas por Lambán. Destacó que hasta ahora la comunidad podía presumir de ser una de las "más económicas" y de atraer a clientes de las autonomías vecinas. "Perderemos ventas y recaudación, esperemos que acaben rectificando como ha sucedido en Cataluña o Valencia ante medidas similares", afirmó.