La margarita sobre el cierre de aulas concertadas en Aragón se deshojó ayer, tras varios días de incertidumbre, y la resolución judicial supone un revés para el Gobierno de Aragón. Así, el Departamento de Educación está obligado a ofertar, en los próximos días, las mismas aulas concertadas en 1º de Infantil que el curso pasado y, consecuentemente, no suprimirá ninguno de los conciertos anunciados en al menos 8 de los 13 colegios afectados por el acuerdo presupuestario alcanzado entre PSOE y Podemos.
La decisión, de la cual todavía se espera una sentencia firme, llega después de que los cinco magistrados de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza hicieran públicos sus autos sobre la adopción de medidas cautelares solicitadas por los centros Cristo Rey-Escolapios, Teresiano del Pilar, Virgen de Guadalupe, Sagrado Corazón de Jesús, Jesuitas, Marianistas, La Salle Montemolín y Santa María de la Esperanza, de Pina de Ebro. Todos ellos presentaron recursos la semana pasada y está pendiente aún la resolución del centro San Gabriel (Zuera), cuyo recurso llegó el martes a los juzgados.
En los autos, los titulares de los juzgados número 1, 2, 3, 4 y 5 de la capital aragonesa ordenan a la Administración a que «proceda a la inclusión en la oferta de la unidad/aula o grupo con la que hasta el momento contaba en 1º de Infantil y a contar con el proceso de escolarización en estos términos», según la resolución.
La libertad de elección
En el trasfondo de todos los autos se alude a la cercanía de las fechas del inicio del periodo de escolarización (19 de abril), así como a las ratios y a la afección «negativa» que han sufrido los centros estas semanas por la posibilidad de cierre y que ha podido repercutir en la decisión de las familias y en la viabilidad de algunos colegios.
También se usa como argumento en algunos de ellos el artículo 24 de la Constitución española, que se refiere a los derechos fundamentales y de las libertades públicas y, en este caso, justifica libertad de elección de centro por parte de los padres.
Así, los autos también indican que esta decisión está sometida a dos condiciones. Por un lado, que la resolución de los conciertos de educación por parte de la consejera sea «desestimatoria» en lo que respecta a las aulas en cuestión. Y, por otro, «que en el caso de que la resolución de los conciertos educativos por parte de la DGA sea negativa respecto a las aulas objeto de discusión, los colegios deberán interponer los correspondientes recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (sala de lo Contencioso Administrativo) que es el órgano competente para resolverlos», según fuentes del TSJA.
Por su parte, el ministerio fiscal también se mostró «partidario» de la estimación de las medidas cautelares. De este modo y a partir del próximo 19 de abril, las familias podrán optar a las aulas concertadas de los colegios que deseen, tal y como se hizo el año pasado.
