«No tenía derecho a morir así, podía haber seguido viviendo. Tuvo que ser horrible», explicaba ayer antes de comenzar la vista María del Carmen Lanasque, la hermana de una de las fallecidas en el incendio de la residencia Santa Fe, que quiso acercarse a ver cómo se juzga a la presunta responsable de la tragedia. Su testimonio no se oirá en la sala -si así fuera, no podría haber entrado-, pero no tuvo inconveniente en explicar a los numerosos medios que cubrían el juicio cómo se sentía.
Las víctimas no podrán narrar cómo fue esa noche, pero desde hoy lo harán el puñado de testigos que sobrevivieron y sobreviven a la tragedia, que causó la muerte inmediata de ocho residentes por inhalación de humo, a los que a los pocos días se unió un noveno, y lesiones por el mismo motivo a otros nueve, varios de los cuales han muerto también a lo largo de los casi dos años que han transcurrido desde el incendio de julio del 2015.
Errores
El juicio de estos días servirá para determinar qué ocurrió esa noche, pero a priori parece claro que hubo clamorosos errores de prevención, independientemente de quién sea el responsable. Como fueron aportando las acusaciones en sus alegatos previos de ayer, la presunta pirómana llegó al centro desde la prisión de Zuera tras haber apuñalado a su marido, a una edad impropia para un geriátrico (tenía 62 años), con requerimiento de vigilancia y tratamiento médico. El segundo, lo siguió, según aseguraba ella misma; el primero, está por ver.
Las acusaciones hacen hincapié en que cogió un mechero, quizá de la cocina, y consideran que es una falta de seguridad que hubiese encendedores a disposición de los internos; aunque el abogado del Gobierno de Aragón, José Luis Gay, recordó que aquello no era una cárcel. Es más, hasta en las prisiones se permite fumar.
Los familiares de las víctimas inciden asimismo en que la residencia no contaba con la adecuada prevención contra incendios. La Guardia Civil acreditó que los empleados no tenían formación para estas emergencias -algunos de ellos dijeron que habían recibido cursillos pero de los Bomberos, no de la empresa-, y aunque sí que había extintores, la empleada que aquella noche estaba en la residencia Santa Fe aseguró que los dos que intentó usar estaban vacíos.
Esto, y el hecho de que personas impedidas y atadas en la cama durmiesen en plantas superiores, dificultando la evacuación, también lo consideran las acusaciones una grave deficiencia. Como el hecho de que solo hubiese una persona para atender a 19 residentes en esas condiciones, aquella fatídica noche.
El juicio determinará si esta falta de prevención es responsabilidad de los dueños de la residencia, de la empresa e incluso del Gobierno de Aragón, que sancionó a la residencia pero no la cerró. Otra cosa es que pudiera.
Como tantas veces ha sucedido en Zaragoza, desde el hotel Meliá hasta la discoteca Flying, pasando por la Tapicería Bonafonte, a golpe de tragedia se avanzó al menos en la prevención de futuros desastres. El incendio de Santa Fe condujo a intensificar las inspecciones en geriátricos de Aragón, lo que conllevó sucesivos cierres de establecimientos. Según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno de Aragón, el pasado mes de febrero, en total han sido 15, y en estos meses está previsto el cierre inminente de otras dos. Solo en el 2016 se realizaron 185 inspecciones.
