La reforma de la financiación autonómica es otro de los aspectos que marca el debate entre comunidades. El dirigente valenciano, Ximo Puig, reconoció ayer en el Senado que su modelo actual «ha sido una historia de éxito» pero que está «agotado» porque tiene «importantes deficiencias y carece de instrumentos de lealtad institucional». Además, reconoció que permite una «desigualdad insostenible» y recordó que ha favorecido «las asimetrías profundas que existen en España».

Por el momento se han establecido varios frentes en las exigencias de financiación. Por un lado están las comunidades más despobladas y envejecidas, entre las que se encuentra Aragón, en las que se reclama una carta de servicios fijos. En frente están los territorios con mayores rentas que exigen una atención acorde al los aportes que realizan al fondo común.

Al margen de estas posturas están las autonomías de régimen foral sobre las que Puig no quiso hacer comentarios al dar por hecho la desigualdad que suponen. «En el 2015 entre las comunidades de régimen común hubo 728 euros por habitante de diferencia, entre la mejor financiada y la Comunidad Valenciana, es decir, un 33% menos por el hecho de haber nacido en un territorio diferente» remarcó.

En su intervención ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara alta, Puig dejó muy claro que las autonomías deben de ser partícipes en la puesta en marcha del nuevo modelo al considerar que «demasiadas veces los partidos han expropiado a las instituciones y las instituciones no son propiedad de los partidos políticos». También pidió que se evitaran las tentaciones electoralistas. «Deseamos incentivar el diálogo para superar el mutismo, el maniqueísmo y la parálisis actual», aseguró.

En este sentido agregó que en el debate territorial «no todo puede ser cálculo electoral». Según el dirigente socialista «las grandes cuestiones y el sistema de financiación autonómica han de acometerse con un consenso básico, alejado de los intereses puntuales». La sesión comenzó con polémica pues el PSOE estatal pidió que el Gobierno hiciera una propuesta de reforma antes de comenzar las comparecencias.