El giro del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), que representa el mayor importe de los gastos de una hipoteca, permitirá a miles de aragoneses recuperar importantes cantidades de dinero. El alcance de esta novedosa sentencia, sin embargo, no está del todo claro, según las fuentes jurídicas consultadas. Quienes sí tienen todas las de ganar son los que firmaron un préstamo en los últimos cuatro años (desde octubre del 2014), que es el plazo para reclamar cuestiones tributarias. En ese caso, se encuentra 47.164 hipotecas sobre fincas en la comunidad, 30.706 de ellas de viviendas.
Esta cartera hipotecaria asciende 5.749,2 millones de euros, por los que se han pagado en torno a 86 millones por el AJD. Este tributo grava los documentos notariales, mercantiles o administrativos y de su recaudación se encarga el Ejecutivo aragonés, que aplica un tipo máximo del 1,5% sobre el importe del préstamo, al igual que otras nueve comunidades, aunque existen bonificaciones para familias numerosas, menores de 35 años o personas con discapacidad. En los siete primeros meses del año, Aragón ha ingresado 32,6 millones por este impuesto y espera llegar a los 57,1 millones en todo el ejercicio, pero esta recaudación no proviene solo de las hipotecas.
OTROS GASTOS
De esta manera, un consumidor aragonés que contratara una hipoteca por 150.000 euros podrá reclamar la devolución de los 2.250 euros pagados por dicho impuesto, que deberá abonar ahora la entidad bancaria. Además de este importe, tendrá derecho a la devolución de los gastos de notaría, gestoría, registro y tasación, con lo que puede recuperar en total entre 3.000 y 3.500 euros, según cada caso.
La repercusión de la sentencia podría ser mayor si se establece que una retroactividad total, algo que el Supremo no aclara y que está abierto a interpretaciones. En caso de que así fuera, como ocurrió con las cláusulas suelo, el número de beneficiarios en Aragón se multiplicaría hasta las más de 250.000 familias hipotecadas que hay actualmente, que suponen cerca del 3% de los 8 millones que se calcula que hay en el conjunto de España.
Nacho de Diego, del despacho zaragozano Aboga10, considera «muy relevante» el fallo del Supremo «porque rompe con las sentencias anteriores» de la sala civil del mismo tribunal. A pesar de ello, llama a la cautela. «Habrá que esperar a nuevos pronunciamientos para que se asiente una nueva jurisprudencia. Esto causa revuelo, pero hay que mantener la calma», apunta. Con todo, este abogado también interpreta que hay margen para que se pueda aplicar una retroactividad total ya que la «ilegalidad o nulidad de un precepto genera efectos ex tunc, es decir, desde el primer momento», al igual que con las cláusulas suelo.
Por su parte, el letrado Alberto Sanjuan, que forma parte del bufete de Cross Abogados en la capital aragonesa, destaca el hecho de que también las empresas o autónomos tienen derecho a reclamar la devolución de los gastos de los préstamos con garantía hipotecaria que contrataron para la compra de naves o locales, no solo los consumidores. «Es una revolución total de la fiscalizad tributaria de las hipotecas y va a suponer una ayuda importante para el bolsillo», dice.
Los perjudicados / Los más perjudicados por la sentencia son, según Sanjuan, aquellos que ya reclamaron el AJD en los tribunales y tienen una sentencia firme en su contra y no recurrido, ya que no podrán acogerse en ningún caso al nuevo criterio sobre el impuesto al ser un caso juzgado. Otro de los efectos será, sostiene, un encarecimiento de las hipotecas que se concedan a partir de ahora. «Ahora sí que de verdad merece la pena reclamar la nulidad de estas cláusulas», sentencia Fernando Pozo, otros abogado zaragozano especializado en demandas bancarias, quien considera que los peor parados serán los que «se apresuraron» a acudir a los tribunales cuando todavía había lagunas por resolver.
