Tres meses después de que acabara el juicio por el caso saqueo de Plaza, uno de los casos de corrupción política más importantes investigados hasta la fecha en la comunidad, hoy la Audiencia Provincial de Zaragoza hará pública la sentencia. Será a las 10.00 horas, si bien, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, los tres acusados que no quisieron llegar a ningún acuerdo con la Fiscalía han sido absueltos. Se trata del expresidente del Real Zaragoza; del exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó y del empresario Miguel Ángel Floría.
De estos tres, Agapito (que está a la espera de otro juicio por el caso Luccin) era el que se enfrentaba a mayor pena de prisión. En concreto, el empresario, defendido por Miguel Ángel Alemán, afrontaba por cohecho y falsedad 5 años y 10 meses de prisión y una multa de 755.000 euros.
El ministerio público pedía para Escó, defendido por Juan Monclús, 4 años y 9 meses de prisión junto a 20.000 euros de multa y 21 meses de inhabilitación por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación caudales públicos. En el caso de Floría, que fue asistido por el abogado Jesús García Huici, afrontaba una pena 3 años y 3 meses de cárcel, 20.000 Euros de multa y 13 meses de inhabilitación.
DOS IRÁN A PRISIÓN
Menos sorpresa hay con respecto a los otros 19 acusados que se sentaron en el banquillo de los acusados, ya que llegaron a acuerdos con la Fiscalía Anticorrupción. Los ‘cerebros’ del caso, el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y el directivo de Acciona, José María Jordán, admitieron cumplir pena de prisión, aunque lejos de los 23 y los 11 años a los que, respectivamente, se enfrentaban. También pidieron perdón durante el juicio.
García Becerril reconoció haber cometido hasta seis delitos diferentes (prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad de documento mercantil, cohecho, contra la Hacienda Pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales). Todo ello se traduce en dos años y un día de cárcel, más de 700 jornadas de trabajos para la comunidad y la devolución de parte del dinero defraudado que llega en su mayoría por lo decomisado como el apartamento de Salou, una nave por valor de 700.000 euros, un trastero o los 80.000 euros procedentes de la venta de un yate.
Con quien se unió para que la UTE Plaza consiguiera un enriquecimiento ilícito mediante el ficticio aumento de las obras o la subida de los precios, José María Jordán también ha admitido dos años y un día de prisión, así como el pago de una multa de 100.000 euros. Reconoció ser autor de un delito continuado de prevaricación, otro de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad en documento mercantil.
En el marco de ese pacto global, la Fiscalía decidió retirar la acusación contra varios empresarios: Ramón Margalejo; Francho Chabier Blasco; María Luisa Roca; Manuel Miguel Colonques (dueño de Porcelanosa) o José Luis Albendea.
Este acuerdo pudo firmarse, después que Acciona decidiera pagar casi 60 millones de euros, quince de los cuales fueron ya consignados para evitar su responsabilidad civil subsididaria. El resto del dinero defraudado, un total de 147 millones, se resolverá por un procedimiento civil de arbitraje al que dieron su visto bueno tanto las acusaciones particulares en nombre del Gobierno aragonés y de la sociedad pública Plaza, como de la UTE.
